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    viernes, julio 15, 2022

    Congreso busca inhabilitar a toda costa a Pedro Castillo y Dina Boluarte

     


    “Podría darse también porque estamos encontrando evidencias”, respondió a La República el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, cuando se le preguntó si en la próxima legislatura, con el informe del caso Sarratea y la denuncia en el caso Club Apurímac, el Parlamento inhabilitará al presidente Pedro Castillo y a la vicepresidenta Dina Boluarte.

     

    Desde temprano Ventura estuvo invocando a todos sus colegas a aprobar su informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda investigar al jefe del Estado por liderar una presunta organización criminal, para luego denunciarlo por infringir diversos artículos de la Constitución; esto debido a su falta de transparencia en sus reuniones extraoficiales en la vivienda de Breña y por su reiterada negativa a declarar a la comisión.

     

    El camino puede resultar redundante en cuanto a las sugerencias para investigar delitos contra el mandatario. Sin embargo, no sucede lo mismo con las infracciones constitucionales. Y, como lo afirmaron diversas fuentes legislativas, este es el principal flanco donde se golpeará al presidente Castillo.

     

    Ventura, de Fuerza Popular, explicó que su informe, además de ser derivado al Ministerio Público, pasará a manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Allí se inicia el proceso de juicio político por las presuntas infracciones del profesor Castillo a la carta magna en el caso Sarratea. Y la sanción máxima en ese escenario es la inhabilitación de la función pública hasta por 10 años.

     

    El titular de la Comisión de Fiscalización dice que su investigación puede dotar de argumentos suficientes para buscar, por tercera vez, la vacancia del presidente Castillo. Ventura sostuvo además que los elementos de su expediente evidencian causales de que Castillo está incapacitado moralmente para continuar en el cargo. Argumentos, de pronto, sobran en la oposición. Pero la carencia son los votos para una destitución.

     

    La destitución del mandamás de Palacio requiere de 87 votos. El fujimorismo no los tiene. Necesitaría de una facción de la izquierda, que, por ahora, no está dispuesta a traicionar al Ejecutivo, aunque nada se descarta en política. Mientras tanto, las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País apuntarán a la inhabilitación, luego de haber fracasado en sus dos pretensiones de vacancia presidencial.

     

    Con la inhabilitación, la aritmética parlamentaria es distinta. Para ello basta con la mayoría simple de congresistas, restando a los integrantes de la Comisión Permanente en el Pleno. Es decir, con 66. Al fujimorismo y sus aliados les resulta más factible conseguir esa cantidad de apoyo en el hemiciclo.

     

    Nuevos elementos para el juicio político, de pronto, pueden surgir en la próxima legislatura. Precisamente para el segundo semestre de este año, la Comisión de Fiscalización ahondará sus pesquisas en el entorno de los Castillo y también de la primera dama Lilia Paredes y su hermana Yenifer Paredes, por presuntos actos de corrupción.

     

    “Tiene que abrirse una nueva línea de investigación contra la familia del presidente”, reiteró Ventura

     

    La vicepresidenta de la República Dina Boluarte, quien también está en la mira de la oposición, lamentó que “las personas cercanas al presidente estén involucradas en investigaciones”.

     

    Los votos y el proceso

    Al cierre de esta nota, el expediente de la Comisión de Fiscalización en el caso Sarratea aún no era votado en el Pleno. No obstante, estaba previsto que se iba a aprobar. Con los votos de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, y más sus aliados de Alianza para el Progreso y Acción Popular, era inminente que estas bancadas conseguirían los 66 votos necesarios para dar luz verde al dictamen.

     

    Lo que viene involucra a Castillo y Boluarte en un plan de sus opositores para sacarlos de cargo y así dejar el camino al presidente del Congreso. Hoy vence la legislatura y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Rosío Torres, de APP, elegirá al congresista ponente en la denuncia contra Boluarte.

     

    A la vicepresidenta se le imputa haber vulnerado la Constitución por haber realizado gestiones para el Club Apurímac mientras ejercía el cargo de ministra de Inclusión Social. Como se trata de un juicio político, al igual que Castillo, el máximo castigo es la destitución.

     

    Por eso Ventura no descartó ese escenario en declaraciones a este diario.

     

    Será, no obstante, la próxima presidenta del Congreso y la nueva titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quien tenga los casos Castillo y Boluarte en sus manos. Por el lado de la Mesa Directiva, dependerá de esta instancia la prioridad que tengan estas denuncias cuando lleguen al Pleno; y por el lado de la Subcomisión, serán cruciales los parlamentarios ponentes que elijan para sustentar las denuncias contra el presidente y la vicepresidenta de la República.

     

    De aprobarse ambas denuncias -contra Castillo y Boluarte-, estas pasan a votarse en la Comisión Permanente y finalmente en el Pleno. Un escenario con ambos fuera del camino deja la posta libre a que la titular de la Mesa Directiva asuma la presidencia de transición y convoque a elecciones.

     

    No queda claro, sin embargo, si esos comicios serían generales o solo presidenciales. La interpretación que tienen el grupo de la fujimorista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución; María del Carmen Alva, titular del Congreso; y Gladys Echaíz, de la Comisión de Justicia, es que solo debe convocarse a un proceso electoral para elegir mandatarios.

     

    La Mesa Directiva

    Precisamente, Echaíz es la principal voceada para presidir el Congreso en la próxima legislatura. Sin embargo, eso depende de la decisión de César Acuña, presidenta de Alianza para el Progreso. Echaíz no es del agrado de Acuña. Las razones son diversas: la congresista no ha votado en esta legislatura de acuerdo a los mandatos de la bancada y, además, no asiste a las reuniones de este grupo parlamentario, según fuentes apepistas. En conversación con este diario, Héctor Acuña, legislador y presidente de la Comisión de Presupuesto, la descartó de plano como candidata de APP.

     

    El problema es que el fujimorismo y sus aliados ven a Echaíz como una carta en la que pueden confiar.

     

    El congresista de FP Alejandro Aguinaga y su colega de Perú Libre Waldemar Cerrón habían presentado un proyecto de ley para que los parlamentarios que migraron o crearon otras bancadas en este primer año del Congreso no participen como postulantes a la Mesa Directiva. Esta propuesta, sin embargo, no fue priorizada en la Comisión de Constitución, de Patricia Juárez, y es evidente que no regirá para la elección del nuevo presidente del Parlamento.

     

    Esta norma iba a ir contra los intereses de diversos grupos que se han formado, como los disidentes de Perú Libre, y vienen negociando con la oposición. Y además, tal iniciativa menguaba las posibilidades de que Echaíz sea electa, en caso ella decida dejar APP para irse a Avanza País o Renovación Popular. Estas dos agrupaciones le han abierto sus puertas.

     

    Para APP una alternativa que todavía tiene posibilidades es Lady Camones, quien en este periodo fue la primera vicepresidenta del Legislativo. Camones dijo a Correo que “sería honrada de poder asumir” la candidatura para la MDC.

     

    Por eso, estas dos semanas que vienen serán cruciales en el Parlamento. Antes del 27 de julio, el Pleno deberá elegir al nuevo presidente de la Mesa. Quien asuma dicho cargo, de inhabilitarse a Castillo y Boluarte, será quien asuma las riendas del país. Hay mucho en juego y cada bloque busca sacar provecho.

     

    La Comisión Permanente continuará trabajando

    La Comisión Permanente continúa trabajando mientras los demás parlamentarios se van de vacaciones, luego del fin de la legislatura. Eso significa que las denuncias constitucionales por infracción a la carta magna contra el presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte al menos pueden avanzar hasta esta instancia.

     

    La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pertenece a la Comisión Permanente. Por ende, pueden seguir sesionando. Recordemos que en el anterior Congreso la subcomisión decidió declararse en sesión permanente hasta el 26 de julio, es decir, hasta un día antes de que asuman sus funciones los nuevos parlamentarios.

     

    Dependerá de la presidenta de la subcomisión, la apepista Rosío Torres, si continúan trabajando hasta que ingrese la nueva Mesa Directiva.

     

    La palabra

    Héctor Ventura, Comisión de Fiscalización

    “En el caso del presidente Pedro Castillo (el informe de la Comisión de Fiscalización), podría ser causal de una vacancia por incapacidad moral, por falta de transparencia (...). Podría darse también (la inhabilitación) porque estamos encontrando evidencias”.

     

    Fuente: LaRepublica.Pe

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