Ante los destapes judiciales que
complican la situación del presidente Pedro Castillo, hay diversos caminos por
donde la oposición congresal buscará concretar la destitución o inhabilitación
del mandatario.
Un primer punto es la cantidad de votos
para la vacancia.
En los dos procesos de destitución
presidencial en su contra, Castillo salió airoso debido a que el fujimorismo y
sus aliados del Congreso no llegaron a los 87 votos que exige el reglamento.
Una propuesta que asoma es reducir esa valla. Desde abril, el congresista de
Avanza País Diego Bazán viene advirtiendo que presentará una iniciativa de ley
para disminuir los votos requeridos para la vacancia.
PUEDES VER: Hildebrandt: Está bien la
investigación a Castillo, pero por qué no se hizo con García, Fujimori y Toledo
La segunda vía para arremeter contra el
mandatario es a través de la Comisión de Fiscalización, presidida por el
fujimorista Héctor Ventura. Para el 11 de junio esta comisión deberá presentar
su informe final en el caso Sarratea. El expediente puede recomendar al
Ministerio Público investigar una serie de delitos o un juicio político a
Castillo para inhabilitarlo.
Las acusaciones constitucionales son el
tercer camino. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), hasta la
fecha, ha recibido ocho denuncias contra el jefe del Estado. Con el antejuicio
político, la SAC puede recomendar a la Fiscalía investigar al presidente por
determinados delitos, y si opta por el juicio político buscarán inhabilitarlo.
Ayer, la congresista de Alianza para el
Progreso (APP) Gladys Echaíz explicó qué consecuencias le puede implicar a
Castillo la decisión del MP de investigarlo por organización criminal en el
caso Puente Tarata.
“Si hay una investigación preliminar en
la cual se llega a copiar datos o evidencias que permitan hacer una denuncia
constitucional —el presidente tiene derecho a antejuicio político—, la estaría
enviando al Congreso, que abriría la investigación y la complementaría. Si bien
el Congreso no puede acusar al presidente, se puede extraer de ahí si existe
una infracción constitucional para los efectos de hacer el juicio político o
para los efectos del artículo 113 de la Constitución, que habla de la
incapacidad moral permanente”, manifestó Echaíz.
La SAC es presidida por la congresista
Rosío Torres, también de la bancada APP.
El cuarto flanco es el sistema
electoral. En dos semanas el Pleno del Congreso votará el informe de la
Comisión Investigadora de las Elecciones 2021. El expediente, elaborado por el
vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, busca restar legitimidad a la
asunción de Castillo como presidente.
El segundo vicepresidente del Congreso y
portavoz alterno de Podemos Perú, Enrique Wong, reconoció que aguardan que se
aprueben las denuncias contra el presidente en la SAC. “Eso, por un lado y por
el otro avanza la Comisión de Fiscalización. Hay la posibilidad de que se pueda
presentar una suspensión a través del Pleno”, manifestó Wong ayer ante la
prensa en los Pasos Perdidos.
Mientras tanto, el primer ministro
Aníbal Torres realiza consejos descentralizados en los que aprovechan el
espacio para minimizar las pesquisas contra el Gobierno. “Hay una denuncia
contra el presidente Castillo sin ninguna prueba... El MP denuncia. El
principio de presunción de inocencia se tiene que respetar. Están negociando
con la justicia”, protestó.
No
ponen las manos al fuego por Castillo
La congresista de Perú Libre María
Agüero no defendió al presidente Pedro Castillo cuando fue consultada sobre la
investigación que pesa contra él. “Yo soy militante de un partido político
nacional, Perú Libre. Tenemos un ideario, y es con base en esto que nosotros
actuamos, no con base en personas. No ponemos las manos al fuego por nada ni
por nadie, sino por los ideales”, expresó.
Cabe recordar que, el último domingo,
Margot Palacios, de Perú Libre, aseguró que en este partido sus congresistas ya
no se consideran oficialistas.
Fuente: LaRepublica.Pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario