Con extrema reserva se manejan las
acciones de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales de
2021 por un supuesto fraude, que en tan solo cuatro meses ha gastado cerca de
150 mil soles en personal y temas administrativos.
El 97% del dinero destinado a dicho
grupo de trabajo, presidido por el congresista Jorge Montoya, se ha utilizado
en pagar a dos asesores y dos técnicos contratados en octubre del año pasado.
Según un informe elaborado por el área
administrativa del Parlamento, al que La República tuvo acceso, hasta enero
último se les abonó un total de 144.194 soles.
Fueron contratados como asesores de
nivel II Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén; y como
técnicos a Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez y Federico Guillermo Muñiz Salmón.
Tres de ellos continúan laborando en el grupo encargado de investigar el
presunto fraude electoral denunciado por la oposición por no haber ganado su
candidata.
Bravo Basaldua y Rodríguez Sánchez
trabajaron en la Comisión Lava Jato, que presidió la entonces fujimorista Rosa
Bartra, y que emitió un informe final que decidió no acusar al expresidente
Alan García y a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
En tanto, Salas Jaén es almirante (r)
de la Marina y militante activo de Renovación Popular, partido al que pertenece
el presidente de la Comisión. Según el Registro de Organizaciones Políticas del
Jurado Nacional de Elecciones, se afilió al partido que lidera Rafael López
Aliaga en noviembre último; sin embargo, simpatiza con dicha agrupación desde
antes de la primera vuelta de las elecciones generales del año pasado.
Mientras que Muñiz Salmón figura en la
lista de aportantes a Fuerza Popular, por lo que fue incluido como testigo en
la investigación por presunto lavado de activos que se le sigue a Keiko
Fujimori.
Él trabajó en la Comisión solo cinco
días. Consultado al respecto, el congresista Montoya omitió este antecedente, y
más bien dijo que era muy productivo, pero dejó de trabajar porque ya no
necesitaban su asesoramiento.
Desestimó que las contrataciones hayan
sido dirigidas, y afirmó que los eligieron tomando en cuenta “quiénes eran los
que tenían más experiencias en este tipo de comisiones porque el tiempo es
corto y nadie puede ir a aprender”.
Además, de los dos asesores y dos
técnicos previstos para la Comisión, también colaboran con ellos personal de
planta adicional. En la primera sesión y una de las pocas transmitidas en vivo,
realizada el 19 de octubre del año pasado, juramentaron nueve trabajadores, de
los cuales solo dos eran asesores, esto a parte de los congresistas miembros
del grupo de trabajo.
En cuanto al gasto realizado hasta el
momento por concepto de útiles y bienes adquiridos, se reporta 4.283 soles. De
esta cantidad, 3.100 soles se destinó a la compra de dos escritorios de
melamine en L, entregados al congresista Montoya.
Sin
transparencia
El presidente de la Comisión asevera
que tienen avanzado ya el 70% del trabajo que se han propuesto, sin embargo,
todo se guarda en estricto secreto.
De acuerdo con la página web del
Congreso, el grupo ha tenido doce sesiones, de las cuales nueve han sido
reservadas y ni siquiera han informado los nombres de todos a quienes han
citado. Solo figuran dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE) pero no menciona, por ejemplo, al jefe de dicha entidad, Piero Corvetto,
quien contó a este diario que ya ha concurrido a la Comisión (ver entrevista).
Además, figura la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(Reniec), Carmen Velarde Koechlin. Eso es todo.
En la agenda del resto de sesiones
figura que son reservadas o hay una mesa de trabajo, sin dar mayor información.
“Tenemos que terminar el proceso para
dar nuestro informe porque la comisión es de carácter reservado. No damos
información a nadie durante el desarrollo para evitar que se tergiverse lo que
queremos decir. Si quisiéramos hacer un escándalo público o político, lo
hubiéramos hecho desde el primer día”, declaró Montoya a La República,
asegurando que “en el informe que se va a publicar, ahí va a estar la verdad”.
Fuentes de la Comisión afirmaron que
uno de los motivos por los que prefirieron no transmitir en directo las
entrevistas es para evitar que la opinión pública note los intereses parciales
de algunos de sus miembros y el desconocimiento de la norma electoral.
Por lo que, mencionan, los invitados
tuvieron que explicar los procesos electorales que están regulados por la ley y
las reformas que se hicieron. Por eso es tan importante que hagan públicos los
videos.
Contradicciones
Asimismo, el presidente de la Comisión
se ha quejado de que la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han puesto
dificultades a su trabajo.
“Esos dos organismos han estado
siempre reacios a que se haga la investigación y no muy flexibles para la
entrega de información. Hemos tenido que insistir muchas veces para conseguir
la información”, acusó.
Sin embargo, como Corvetto aseguró a
este diario, han entregado toda la información que les han requerido y
adicionalmente adecuado un espacio físico en una de las sedes de la ONPE para
que revisen la documentación que necesiten.
Montoya parece no estar de acuerdo con
ello, o tal vez no ha sido informado. “Todos deberíamos estar pendientes de ver
ese resultado y no decir ‘están gastando mucha plata’, ‘tal cosa no la hagan’,
‘párenla’. Eso denota interés sesgado en el conocimiento real”, se quejó.
Lo cierto es que desde que el
Ministerio Público comenzó a archivar las denuncias presentadas por Fuerza
Popular, varios legisladores han comenzado a solicitar que dejen sin efecto la
comisión.
Hasta el momento, la Fiscalía ha
cerrado nueve de las 23 denuncias presentadas por Fuerza Popular de supuesta
falsificación de firmas de miembros de mesa para favorecer el triunfo del
actual presidente, Pedro Castillo.
Incluso el parlamentario oficialista
Elías Varas presentó una moción de orden del día para desactivarla por “carecer
de objetividad para seguir en funciones, toda vez que no ha logrado hasta la
fecha un solo indicio fuerte que permita seguir en el proceso de investigación”.
Pero la Comisión se resiste e indica
que otro objetivo es proponer modificaciones a la legislación electoral. Tienen
hasta la segunda semana de marzo para entregar sus resultados.
Revelador
informe
Primero señalan que pagos en personal
superarían los S/ 230 mil por cuatro meses, pero anexos muestran que en dos
asesores y dos técnicos se gastó S/ 144.194.
Fuente: LaRepublica.Pe
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