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    lunes, noviembre 22, 2021

    Fujimoristas y aliados detienen investigación contra Manuel Merino

     


    La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a cargo de analizar las denuncias en contra de personas que ocuparon altos cargos públicos, fue la última en el Congreso en instalarse, lo que ha retrasado su trabajo a pesar de la gran cantidad de demandas pendientes.

     

    Una de las denuncias encarpetadas desde hace 49 días es la que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en contra Manuel Merino; el extitular del gabinete ministerial Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las movilizaciones del año pasado.

     

    Blindaje fujimorista

    En la última sesión del 19 de noviembre, la legisladora Rosio Torres, quien preside la subcomisión, dio cuenta de la solicitud que presentó su colega Ruth Luque, de Juntos por el Perú ( JP), con la que pidió se dé celeridad a la denuncia 132 del referido caso.

     

    Al respecto, la fujimorista Martha Moyano calificó de “inapropiada” la iniciativa porque, comenta, se estaría “perjudicando” el trabajo interno del equipo al adelantar opinión. Asimismo, sostuvo que las denuncias deben tratarse bajo el criterio cronológico, es decir, por orden de llegada.

     

    La postura fue respaldada por su colega de bancada Ernesto Bustamante quien señaló que “no se debe intervenir” en el tema antes de que se haya analizado.

     

    El legislador Héctor Valer, representante de la bancada Somos Perú e integrante de la subcomisión, confirmó que, hasta el momento, se analizan las denuncias por antigüedad. “En la lista de espera hay una infinidad de casos constitucionales. Entonces, estamos viendo por orden de prelación, conforme ha decidido la mesa directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, mencionó.

     

    Asimismo, el legislador Edgard Reymundo, de JP, ratificó que este acuerdo se anunció desde la instalación de la subcomisión, pero aún desconoce si se tomó alguna decisión sobre el pedido de su colega Luque.

     

    La parlamentaria María Acuña, de APP, señaló que desde su punto de vista todas las denuncias deben ser tratadas con el mismo criterio. “Exigiremos que se respeten plazos y los tiempos se debatirán en su momento con la misma importancia que se den con todas las denuncias”, respondió.

     

    Piden celeridad

    La congresista Luque contestó a través de su cuenta de Twitter y enfatizó que el caso es “de urgencia”. “Justicia y reparación no pueden esperar, así de simple. Que la historia de blindaje no se repita. #NoalBlindajedelCongreso”, escribió.

     

    Por su parte, el congresista del Partido Morado, Edward Málaga Trillo, quien no es parte de este grupo de trabajo, consideró fundamental que la denuncia se priorice. “Es un hecho que trastornó al país, nos puso en vilo, nos desestabilizó, trajo muertes y mucha zozobra en términos económicos, en medio de la pandemia. Merece ser revisado con urgencia”, dijo.

     

    En la misma línea, el congresista Jaime Quito, de Perú Libre, señaló que esta subcomisión debe atender de manera inmediata la denuncia constitucional contra Merino para hallar a los responsables.

     

    “Esta subcomisión tiene que atender este tipo de casos de forma inmediata. Estamos acostumbrados a la burocracia en el país, aquí tenemos que acelerar las cosas para tener a los responsables. Es importante que se priorice la vida”, afirmó.

     

    Largo proceso

    El análisis de una denuncia constitucional depende de varios pasos. Primero la SAC delega a un congresista que indague sobre los hechos y este da una recomendación si se debe proceder o no con la misma. Esta es debatida con el equipo y si es aprobada, el informe de calificación pasa a la Comisión Permanente. Si esta instancia da su visto bueno, la SAC profundiza en la investigación y recoge los descargos del imputado.

     

    El informe final es nuevamente debatido en la SAC y posteriormente en la Permanente. Solo luego de que ambas instancias la aprueben, pasa al pleno del Congreso en donde se autoriza la acusación. Si el escenario es positivo, la Fiscalía de la Nación recién podrá continuar con la investigación.

     

    Torres informó que existen 200 denuncias acumuladas, de las cuales 124 fueron presentadas por ciudadanos, 46 por representantes del Legislativo, 27 por la Fiscalía, dos por ex fiscales supremos y uno por un procurador. Del total, 185 están en la subcomisión, seis en la Comisión Permanente y nueve en el Consejo Directivo a la espera de ser agendadas en el pleno.

     

    Fuente: LaRepublica.Pe

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