Keiko, Acuña, Rafael López Aliaga y otros aún no entregan informes de gastos de campaña

 

El portal de Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presenta un panorama preocupante. Hasta el último viernes por la tarde, según figura en esta plataforma, de las 21 agrupaciones políticas que se encuentran habilitadas, solo nueve habían cumplido con presentar los expedientes de sus aportes y gastos de campaña de acuerdo a ley.

 

Se trata del partido Contigo, Partido Popular Cristiano (PPC), Democracia Directa, Victoria Nacional, Frepap, APRA, Runa, Somos Perú y Partido Morado. Son las únicas, por el momento, que han acatado el cronograma. Curiosamente, de este grupo, salvo Somos Perú, todas han perdido la inscripción por no pasar la valla electoral.

 

No obstante, hay otras doce organizaciones que aún no cumplen con los tiempos establecidos. La ONPE requiere dos reportes de campaña. Del grupo que no ha presentado nada están Acción Popular, de Yonhy Lescano; Perú Patria Segura; de Rafael Santos y Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, investigado por el caso Panamá Papers.

 

Las nueve restantes sí han registrado la primera entrega de sus aportes y gastos de campaña, pero les falta la segunda. Tienen tiempo hasta el miércoles. Estas son el Frente Amplio, de Marco Arana; Juntos por el Perú, del ministro de Turismo y Comercio Exterior, Roberto Sánchez; Unión por el Perú, de José Vega Antonio y Avanza País, del economista Hernando de Soto.

 

Las demás son agrupaciones que tienen a sus líderes con procesos abiertos en el Ministerio Público: Alianza para el Progreso, de César Acuña; Partido Nacionalista, de Ollanta Humala; Podemos Perú, de José Luna Gálvez; Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; y Perú Libre, de Vladimir Cerrón.

 

Precisamente estos últimos tienen indagaciones por el presunto lavado de activos.

 

Sanciones que asoman

Fuentes de la ONPE explicaron que en caso no cumplan con este requisito, la sanción es una multa que puede llegar hasta las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivale, en el peor de los casos para la agrupación, a más de S/ 400 mil soles. “Lo importante, más allá de los pitufeos, es la entrega de información relevante”, dice el abogado en temas electorales José Tello al respecto, debido a que en los últimos años diversas investigaciones han nacido del ocultamiento de aportes a la campaña electoral, como sucedió en el caso Lava Jato. Y actualmente, con la pesquisa contra “Los Dinámicos del Centro”.

 

En setiembre del 2020, el gobierno de Martín Vizcarra promulgó la ley de financiamiento de partidos políticos. Esta norma estipula que ninguna agrupación puede recibir aportes de personas naturales con sentencia consentida o prisión preventiva vigente por los siguientes ilícitos: delitos contra la administración pública, tráfico de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado.

 

Incluso, así la persona haya superado su condena, la prohibición continúa hasta diez años después de haberla cumplido.

 

Asimismo, esta ley obliga a los partidos a que autoricen a la ONPE a que ingresen a sus cuentas bancarias para la verificación de los aportes.

 

Todo esto con tal de prevenir que dinero de procedencia anónima o ilegal solvente las aspiraciones de un determinado candidato presidencial o al Congreso. Solo que doce partidos todavía están contra el reloj para presentar sus reportes.

 

Fiscalizados

Modificaciones. La propuesta original para modificar la ley de financiamiento de partidos políticos sancionaba con la pérdida de inscripción a las agrupaciones reincidentes en incumplir la norma. Sin embargo, el Congreso del 2020 se opuso a tal iniciativa y modificó el dictamen. Primó el temor a quedar fuera del Registro de Organizaciones Políticas.

 

Fuente: LaRepublica.Pe