El
portal de Claridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
presenta un panorama preocupante. Hasta el último viernes por la tarde, según
figura en esta plataforma, de las 21 agrupaciones políticas que se encuentran
habilitadas, solo nueve habían cumplido con presentar los expedientes de sus
aportes y gastos de campaña de acuerdo a ley.
Se
trata del partido Contigo, Partido Popular Cristiano (PPC), Democracia Directa,
Victoria Nacional, Frepap, APRA, Runa, Somos Perú y Partido Morado. Son las
únicas, por el momento, que han acatado el cronograma. Curiosamente, de este
grupo, salvo Somos Perú, todas han perdido la inscripción por no pasar la valla
electoral.
No
obstante, hay otras doce organizaciones que aún no cumplen con los tiempos
establecidos. La ONPE requiere dos reportes de campaña. Del grupo que no ha
presentado nada están Acción Popular, de Yonhy Lescano; Perú Patria Segura; de
Rafael Santos y Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, investigado por el
caso Panamá Papers.
Las
nueve restantes sí han registrado la primera entrega de sus aportes y gastos de
campaña, pero les falta la segunda. Tienen tiempo hasta el miércoles. Estas son
el Frente Amplio, de Marco Arana; Juntos por el Perú, del ministro de Turismo y
Comercio Exterior, Roberto Sánchez; Unión por el Perú, de José Vega Antonio y
Avanza País, del economista Hernando de Soto.
Las
demás son agrupaciones que tienen a sus líderes con procesos abiertos en el
Ministerio Público: Alianza para el Progreso, de César Acuña; Partido
Nacionalista, de Ollanta Humala; Podemos Perú, de José Luna Gálvez; Fuerza
Popular, de Keiko Fujimori; y Perú Libre, de Vladimir Cerrón.
Precisamente
estos últimos tienen indagaciones por el presunto lavado de activos.
Sanciones que asoman
Fuentes
de la ONPE explicaron que en caso no cumplan con este requisito, la sanción es
una multa que puede llegar hasta las 100 Unidades Impositivas Tributarias
(UIT), que equivale, en el peor de los casos para la agrupación, a más de S/
400 mil soles. “Lo importante, más allá de los pitufeos, es la entrega de
información relevante”, dice el abogado en temas electorales José Tello al
respecto, debido a que en los últimos años diversas investigaciones han nacido
del ocultamiento de aportes a la campaña electoral, como sucedió en el caso
Lava Jato. Y actualmente, con la pesquisa contra “Los Dinámicos del Centro”.
En
setiembre del 2020, el gobierno de Martín Vizcarra promulgó la ley de
financiamiento de partidos políticos. Esta norma estipula que ninguna
agrupación puede recibir aportes de personas naturales con sentencia consentida
o prisión preventiva vigente por los siguientes ilícitos: delitos contra la
administración pública, tráfico de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata
de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado.
Incluso,
así la persona haya superado su condena, la prohibición continúa hasta diez
años después de haberla cumplido.
Asimismo,
esta ley obliga a los partidos a que autoricen a la ONPE a que ingresen a sus
cuentas bancarias para la verificación de los aportes.
Todo
esto con tal de prevenir que dinero de procedencia anónima o ilegal solvente
las aspiraciones de un determinado candidato presidencial o al Congreso. Solo
que doce partidos todavía están contra el reloj para presentar sus reportes.
Fiscalizados
Modificaciones.
La propuesta original para modificar la ley de financiamiento de partidos
políticos sancionaba con la pérdida de inscripción a las agrupaciones
reincidentes en incumplir la norma. Sin embargo, el Congreso del 2020 se opuso
a tal iniciativa y modificó el dictamen. Primó el temor a quedar fuera del
Registro de Organizaciones Políticas.
Fuente: LaRepublica.Pe
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