Critican traslado de Vladimiro Montesinos y Abimael Guzmán al penal Ancón II

 

El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se refirió a la expedición del Decreto Supremo n.° 015-2021-JUS que permite el traslado de reclusos de la Base Naval del Callao hacia otros penales administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

 

En conversación con La República, Pedraza consideró que esta medida emitida por el Gobierno de Pedro Castillo “no tendrá un mayor impacto en la situación carcelaria en lo absoluto” debido a que el INPE no cuenta con recursos ni con la infraestructura suficiente.

 

“Al contrario, afectará lo que ya se tiene porque usarán infraestructura que estaba disponible para otros temas, usarán a personal que siempre es escaso. En vez de mejorar el sistema penitenciario, yo diría (que esta medida) lo empeorará”, declaró.

 

Por otro lado, para Pedraza, quien fuera jefe del INPE en dos ocasiones, el traslado del exasesor presidencial Vladimiro Montesino al penal Ancón II sería justificado debido a las llamadas registradas que este habría hecho desde la Base Naval del Callao.

 

“Vladimiro Montesinos usaba el teléfono de manera descontrolada desde la Base Naval, por tanto había una razón para efectuar el traslado y creo que eso resulta suficiente para justificarlo”, acotó.

 

Sin embargo, en el caso de los procesados por terrorismo, mencionó: “Ahí me parece que sí sería una decisión inadecuada, impertinente, e inoportuna, porque este Gobierno tiene a ciertos funcionarios con serios cuestionamientos vinculados al Movadef y la izquierda radical”.

 

En efecto, para Pedraza realizar el traslado de cabecillas terroristas como Abimael Guzmán, Florindo Flores, Óscar Ramírez, Víctor Polay Campos y Miguel Rincón, podría responder solo a “una voluntad política”.

 

“Creo que el país no está para ensayar nuevos esquemas de control para estos presos. Tenemos que asegurar lo que funciona en este momento, y en el caso del terrorismo, yo diría que sí funciona el control a cargo de la Marina, por eso debería continuar”, manifestó a esta redacción.

 

Más temprano, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, recalcó que esta decisión “no es un hecho nuevo, sino que se fue tramitando desde antes”, y que lo único que hizo Pedro Castillo fue “concretar este acuerdo” entre los ministerios de Defensa y Justicia.

 

No obstante, Wilfredo Pedraza aseveró a este diario que estos contratos “pueden ser perfectamente revisados”.

 

“Si el convenio termina el 9 de enero y se decide que no se prorrogue más, puede aplicarse pero a mí me parece que los contratos y compromisos pueden ser perfectamente revisados y prorrogados. Creo que sería muy delicado para el país que estas personas (condenadas por terrorismo) pasen al control de una institución frágil como el INPE”, añadió.

 

Fuente: LaRepublica.Pe