El
exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se refirió a la expedición del
Decreto Supremo n.° 015-2021-JUS que permite el traslado de reclusos de la Base
Naval del Callao hacia otros penales administrados por el Instituto Nacional
Penitenciario (INPE).
En
conversación con La República, Pedraza consideró que esta medida emitida por el
Gobierno de Pedro Castillo “no tendrá un mayor impacto en la situación
carcelaria en lo absoluto” debido a que el INPE no cuenta con recursos ni con
la infraestructura suficiente.
“Al
contrario, afectará lo que ya se tiene porque usarán infraestructura que estaba
disponible para otros temas, usarán a personal que siempre es escaso. En vez de
mejorar el sistema penitenciario, yo diría (que esta medida) lo empeorará”,
declaró.
Por
otro lado, para Pedraza, quien fuera jefe del INPE en dos ocasiones, el
traslado del exasesor presidencial Vladimiro Montesino al penal Ancón II sería
justificado debido a las llamadas registradas que este habría hecho desde la
Base Naval del Callao.
“Vladimiro
Montesinos usaba el teléfono de manera descontrolada desde la Base Naval, por
tanto había una razón para efectuar el traslado y creo que eso resulta
suficiente para justificarlo”, acotó.
Sin
embargo, en el caso de los procesados por terrorismo, mencionó: “Ahí me parece
que sí sería una decisión inadecuada, impertinente, e inoportuna, porque este
Gobierno tiene a ciertos funcionarios con serios cuestionamientos vinculados al
Movadef y la izquierda radical”.
En
efecto, para Pedraza realizar el traslado de cabecillas terroristas como
Abimael Guzmán, Florindo Flores, Óscar Ramírez, Víctor Polay Campos y Miguel
Rincón, podría responder solo a “una voluntad política”.
“Creo
que el país no está para ensayar nuevos esquemas de control para estos presos.
Tenemos que asegurar lo que funciona en este momento, y en el caso del
terrorismo, yo diría que sí funciona el control a cargo de la Marina, por eso
debería continuar”, manifestó a esta redacción.
Más
temprano, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, recalcó que esta decisión “no
es un hecho nuevo, sino que se fue tramitando desde antes”, y que lo único que
hizo Pedro Castillo fue “concretar este acuerdo” entre los ministerios de
Defensa y Justicia.
No
obstante, Wilfredo Pedraza aseveró a este diario que estos contratos “pueden
ser perfectamente revisados”.
“Si
el convenio termina el 9 de enero y se decide que no se prorrogue más, puede
aplicarse pero a mí me parece que los contratos y compromisos pueden ser
perfectamente revisados y prorrogados. Creo que sería muy delicado para el país
que estas personas (condenadas por terrorismo) pasen al control de una
institución frágil como el INPE”, añadió.
Fuente: LaRepublica.Pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario