El caso Cócteles contra Keiko Fujimori
y otros involucrados por diversos delitos se mantendrá sin la necesidad de
regresar a etapa de investigación preparatoria. Así lo ha resuelto el juez
Víctor Zúñiga tras rechazar cinco pedidos que buscaban el retroceso a la etapa
de indagaciones para completar diligencias que no se cumplieron en marzo
pasado.
De acuerdo con la resolución a la que
accedió La República, el juez determinó que no hubo vulneraciones a los derechos
de los acusados por los aportes de Odebrecht, pues las declaraciones, lecturas
de expedientes, y otras actividades pendientes pueden realizarse en la etapa de
control de acusación o en el mismo juicio oral.
“El Juzgado no puede negar la
solicitud del imputado y otros intervinientes de realizar diligencias si estas
son pertinentes, útiles y conducentes, indicándoles que esperen a la etapa
intermedia para incorporar los medios de prueba”, indica el juez Zuñiga, quien
ha padecido alrededor de 14 recusaciones, es decir, intentos para ser apartado
del caso Cócteles.
Además, el magistrado descarta
cualquier intención política o maliciosa del fiscal José Domingo Pérez en su
acusación, como adujeron los abogados de los procesados en audiencia: “La
decisión fiscal [de concluir la investigación y acusar] tiene un amparo
constitucional y legal, que es el análisis libre que elabora el representante
del Ministerio Público, protegido por su autonomía”, señala Zúñiga.
“Es una afirmación sin contenido
probatorio para concluir con certeza que existe un interés subalterno o
subjetivo en la decisión del Ministerio Público de concluir la investigación
preparatoria en este caso”, añadió el juez del Cuarto Juzgado de Investigación
Preparatoria con respecto a presuntos tintes políticos en el fiscal.
Tras estos fundamentos, fueron
declarados infundados (rechazados) los pedidos de Keiko Fujimori Higuchi y su
esposo Mark Vito Villanella, Jaime Yoshiyama Tanaka, Fuerza Popular, MVV Bienes
Raíces SAC (empresa de Vito Villanella) y Luis Barboza Dávila que buscaban
anular el cierre de la investigación preparatoria, solicitando en el fondo que
se retroceda para continuar diligencias que quedaron pendientes.
Resulta necesario precisar que dichos
acusados pueden apelar y definir tras un debate, en segunda instancia y ante un
tribunal de jueces superiores, si procede o no el retroceso a investigación del
caso Cócteles.
Humberto Abanto, defensor de Jaime
Yoshiyama, anunció a este diario que apelará la decisión: “La resolución del
juez Zúñiga deroga, para todo efecto práctico, el derecho del investigado y su
defensa a solicitar las diligencias que estime pertinentes y útiles para el
esclarecimiento de los hechos. Es un precedente peligrosísimo que afecta el
artículo 139.4 de la Constitución, que prohíbe la privación del derecho de
defensa en cualquier estado del proceso”.
Por su parte, la defensa de Fuerza
Popular, Elio Riera, indicó que “presentaremos oportunamente el recurso de
Apelación. No daremos mayor declaración por el momento”.
Acusación
fiscal
El motivo de una serie de pedidos para
anular el cierre de la investigación se remonta al 11 de marzo pasado, cuando
el fiscal José Domingo Pérez concluyó sus pesquisas contra Keiko Fujimori y
otros involucrados y presentó su acusación al Poder Judicial.
De este modo, el fiscal pidió
formalmente una pena de 30 años de prisión para la actual candidata
presidencial de Fuerza Popular, y la misma sanción contra el “núcleo duro” de
la presunta organización criminal que habría liderado Fujimori: Pier Figari,
Ana Herz y Vicente Silva Checa.
Jaime Yoshiyama, uno de los receptores
del USD1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José
Chlimper y Adriana Tarazon también figuran como acusados a los que se les
podría dictar 30 años de prisión.
El resto de sanciones pedidas contra
los imputados oscilan entre los 6 y 22 años de prisión. En el caso de las
personas jurídicas (el partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces
SAC), la Fiscalía optó por la disolucion y consecuente liquidación, como se
requirió anteriormente en otro caso contra el Partido Nacionalista Peruano.
Los delitos contemplados contra los 42
acusados son: crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y
falsa declaración en procesos.
Fuente: LaRepublica.Pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario