Perú, el país con el récord mundial de
presidentes procesados por la Justicia, elige esta semana a su nuevo
gobernante, una ardua decisión entre dos extremos: el de Pedro Castillo
(izquierda) y el de Keiko Fujimori (derecha), quien de hecho ya afronta un
pedido fiscal de más de 30 años de prisión.
El que gane ocupará un sillón
presidencial donde todos los que se han sentado desde 1985 han terminado
investigados, arrestados o encarcelados, a excepción de los presidentes
interinos Valentín Paniagua (2000-2001) y Francisco Sagasti (2020-2021).
Por encima de todos destaca Alberto
Fujimori (1990-2000), que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos
de lesa humanidad y por la gigantesca red de corrupción que, junto a su súper
asesor Vladimiro Montesinos, instauró en el aparato estatal.
Con diversas condenas en su haber y
juicios aún activos, el padre de la candidata Keiko fue sentenciado por haber
amparado desde el poder el asesinato de 25 personas, entre ellas un niño de 10
años, a manos del grupo militar encubierto Colina en Barrios Altos (1991) y La
Cantuta (1992).
ODEBRECHT,
CORRUPCIÓN DE LARGO PLAZO
El resto de presidentes que le
siguieron están procesados desde 2016 por el caso Odebrecht, la constructora
brasileña que sobornó altos funcionarios en una docena de países de
Latinoamérica para ganar millonarias adjudicaciones de obras públicas.
Sólo en Perú las investigaciones han
llegado hasta las más altas esferas.
Como si fuese un virus, la turbia
influencia de Odebrecht contagió a los expresidentes Alejandro Toledo
(2001-2006), el fallecido Alan García (1985-1990 y 2006-2011), Ollanta Humala
(2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Toledo está imputado por haber
recibido unos 34 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a través de un
entramado de sociedades en paraísos fiscales a través de las cuales adquirió
millonarias propiedades inmobiliarias en Perú.
De momento, Toledo está en libertad en
California a la espera de que la Justicia estadounidense evalúe su extradición
a Perú, donde ya le espera una orden de prisión provisional por 18 meses
mientras es juzgado.
ALAN
GARCÍA, ANTES MUERTO QUE DETENIDO
Alan García se suicidó de un disparo
en la cabeza en 2019 cuando iba a ser detenido por la Policía, después de que
sus presuntos testaferros comenzasen a confesar pagos de Odebrecht en cuentas
de la Banca Privada de Andorra (BPA).
"Dejo mi cadáver como muestra de
desprecio a mis adversarios", decía la nota escrita por García, que
siempre sostuvo que se trataba de una persecución política.
Humala y su esposa Nadine Heredia
pasaron casi diez meses en prisión provisional imputados por presunto lavado de
dinero en sus campañas electorales al supuestamente haber recibido 3 millones
de dólares de Odebrecht.
Y a sus 82 años, Kuczynski lleva dos
años en arresto domiciliario mientras es investigado por presuntamente haber
recibido dinero ilícito de Odebrecht cuando era ministro en el Gobierno de
Toledo.
PPK, como se le conoce por su siglas,
dimitió en 2018 para evitar ser destituido por el Congreso cuando se descubrió
que supuestamente ocultó esos pagos ilícitos en presuntas asesorías ficticias.
NI
VIZCARRA NI MERINO SE SALVAN
A Kuczynski le reemplazó su
vicepresidente Martín Vizcarra (2018-2020), que juró cortar de raíz con toda
esa corrupción hasta que se descubrieron una serie de presuntos sobornos que
recibió cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014).
Esa fue la excusa a la que se aferró
el Congreso, dominado por la oposición, para destituir a Vizcarra por
"incapacidad moral permanente" y asumir el Poder Ejecutivo en la
figura del efímero Manuel Merino, que también está procesado pese a que solo
estuvo en el cargo cinco días.
Merino está imputado por homicidio y
lesiones graves en las muertes de Into Sotelo y Bryan Pintado, los dos jóvenes
manifestantes muertos por disparos de la Policía durante la represión a la gran
manifestación del 14 de noviembre pasado que forzó la dimisión del interino
mandatario.
KEIKO
PROMETE EL INDULTO A FUJIMORI
Sagasti tomó las riendas del Ejecutivo
y será quien ceda el mando a Castillo o Fujimori, quien ya prometió indultar a
su padre pese a que a éste la queda prácticamente la mitad de su condena por
cumplir.
De ganar, Keiko eludiría durante su
mandato un eventual juicio por presunto lavado de dinero en la financiación de
sus anteriores campañas electorales.
Los antecedentes de Fujimori son el
principal escollo de muchos peruanos para votar por ella, que representa el
continuismo del modelo económico neoliberal instaurado en Perú por su padre,
frente al reformismo de Castillo, que aboga por una nueva Constitución y la
nacionalización de recursos naturales.
EFE
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