El eventual perdón presidencial de
Alberto Fujimori, anunciado por su hija y candidata presidencial Keiko
Fujimori, dejará en la impunidad el caso de las esterilizaciones forzadas.
De acuerdo con lo anunciado, Fujimori
recibirá el indulto de la sentencia de 25 años que viene cumpliendo y el
derecho de gracia para archivar todos los casos pendientes.
Esto incluye la denuncia por las
esterilizaciones forzadas, lo que supone el desconocimiento del acuerdo de
“Solución Amistosa” que el Perú firmó con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso de María Mamérita Mestanza Chávez.
Dicho acuerdo señala que: “El Estado
peruano se compromete a realizar una exhaustiva investigación de los hechos y
aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante
de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición,
aunque en el caso de que se trate de funcionarios públicos, sean civiles o
militares”, fue el compromiso de nuestro país.
“En este sentido –continúa el
acuerdo–, el Estado peruano se compromete a realizar las investigaciones
administrativas y penales por los atentados contra la libertad personal, la
vida, el cuerpo y la salud y, en su caso, a sancionar a los responsables de los
actos de vulneración del derecho al libre consentimiento de la señora Mamérita
Mestancia Chávez, para que se sometiera a la ligadura de trompas”.
El acuerdo se firmó el año 2003 y
hasta hoy está pendiente de cumplimiento. El 2017, la CIDH exhortó al Gobierno
a cumplir con el acuerdo y, por tanto, investigar, juzgar y sancionar a los
responsables de las esterilizaciones forzadas.
Más recientemente, en octubre del
2020, ante una demanda de amparo del exministro Marino Costa Bauer, el Tribunal
Constitucional reiteró que el Perú debe cumplir el acuerdo y exhortó al Poder
Judicial a iniciar el proceso judicial, más de 20 años después de ocurridos los
hechos.
En el contexto internacional, las
esterilizaciones forzadas que se realizaron durante el gobierno de Alberto
Fujimori son calificadas como un delito contra los derechos humanos y de lesa
humanidad, independiente de la calificación en el Código Penal Peruano.
En febrero del 2020, la fiscal formuló
denuncia contra Alberto Fujimori, los exministros de Salud Alejandro Aguinaga,
Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y otros por lesiones graves y lesiones
graves seguidas de muerte.
En febrero último, el juez Rafael
Martínez inició las audiencias que permitirán que por primera vez este caso sea
visto por el Poder Judicial.
Víctimas
Por miles. Entre 1995 y 1996 se
realizaron unas 300 mil ligaduras de trompas. La Fiscalía ha documentado unos
1.300 casos de mujeres pobres del sector rural y amazónico que fueron sometidas
al procedimiento bajo presión, incluidos cinco casos de mujeres que murieron
producto de la intervención quirúrgica.
Dirigía
el programa
La Fiscalía presentó diversos
documentos que muestran que Alberto Fujimori recibía información al detalle de
la ejecución del programa de esterilizaciones forzadas.
Fuente: LaRepublica.Pe
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