La Constitución actual ha servido solo para determinados intereses privados y no para lograr el bienestar de la mayoría de peruanos. Pero además no cautela los sagrados intereses nacionales y menos los recursos naturales que son explotados en condiciones inequitativas y contrarias al Perú. En efecto, la constitución permite, por ejemplo, que los minerales o el gas sean de propiedad del Estado Peruano cuando se encuentran en el subsuelo pero cuando son extraídos por los inversionistas nuestro país pierde la propiedad sobre ellos. Dicha norma ha tergiversado y desnaturalizado el derecho de propiedad. Pero además, ha permitido que algunas transnacionales paguen una miseria por nuestra riqueza que se la llevan al extranjero y después de transformarla nos la venden a precios que les permiten grandes ganancias. Esto atenta contra el desarrolllo del país y contra los ingresos que deben tener los millones de peruanos por sus recursos naturales, los mismos que sirven para hacer las obras en educación, salud, agua potable, por mencionar algunas.
Por otro lado, la Constitución de
1993, hecha en dictadura, inventa el llamado contrato ley que sirve para seguir
favoreciendo a grandes empresas, especialmente extranjeras que pactan con
nuestro país para conseguir concesiones y obras, pero que lo hacen con grandes
beneficios, mientras que el Perú recibe utilidades minúsculas. Cuando sucede
algo así, la ley común permite al juez modificar el contrato porque una parte
es muy beneficiada y la otra muy perjudicada. Pero eso no sucede cuando el
Estado contrata sobre sus bienes, aunque se esté perjudicando los grandes
intereses nacionales. En suma se consolida el abuso y prepotencia de los
privados sobre la nación peruana, es decir sobre los derechos de más de 33
millones de peruanos.
Esto no se puede permitir porque son
mecanismos de explotación de un sistema liberal de facto que se ha impuesto en
nuestra patria, violando el principio de la economía social de mercado, que
significa que la economía debe estar al servicio de la población y no las
personas al servicio de la economía, que lucra a costa de la pobreza de la
gente del Perú. Pero además, existe una norma constitucional que refiere que el
Estado no puede hacer actividad empresarial y que solo debe hacerlo
subsidiariamente, es decir cuando el empresario no la realiza. Sin embargo, en la
pandemia hemos visto como todas las grandes empresas han pedido ayuda al Estado
y se les ha creado un programa de 60,000 mil millones de soles, pese a que
muchas de esas empresas no la requerían. Esto es una contradicción evidente,
piden al Estado que no se inmiscuya en la actividad empresarial, pero en la
realidad los grupos económicos corren en situaciones de emergencia a pedir
dinero al Estado para sus empresas. Por lo tanto, en esta materia también se
requiere una cambio constitucional para evitar que sea usado a antojo por los
intereses abusivos de privados.
Finalmente, es necesario introducir el
derecho al agua como un auténtico derecho constitución porque se le ha incluido
pero en un lugar que no corresponde. De igual manera se requiere modificaciones
en la parte orgánica de la Constitución para que el Estado funcione mejor y
esté al servicio oportuno de los peruanos. Entre otras razones, estas son
algunas para hacer una nueva constitución que permita el bienestar de las
grandes mayorías nacionales. Si alguien se opone, el pueblo a través del
referéndum ordena se haga un nuevo pacto social o constitución acorde con los
nuevos tiempos.
Fuente: RPP.PE
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