Prisión preventiva por nueve meses para el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, dictaminó esta noche el juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia con sede en Huaraz, Derby Quezada Blanco.
El magistrado consideró que se cumplen
los requisitos estipulados en la norma procesal para dictar la medida
coercitiva en contra de Morillo Ulloa, tal y como lo había solicitado el
Ministerio Público.
Señaló que la Fiscalía ha cumplido con
presentar en su requerimiento de prisión preventiva los graves y fundados
elementos de convicción: peligro de obstaculización a las acciones de la
justicia y que la pena por el delito investigado supera los 4 años de cárcel
efectiva.
“Este órgano jurisdiccional concluye
que existe un alto peligro de fuga”, expresó el magistrado al tiempo de
precisar que a su entender la defensa de Morillo no ha podido probar que la
autoridad tenga arraigo domiciliario ni familiar.
DOS
DÍAS DE AUDIENCIAS
Durante la lectura de su veredicto,
tras dos días de maratónicas audiencias, el juez hizo mención de los resultados
de los informes periciales y contables que presentó la Fiscalía como elemento
de convicción y que abren la sospecha de presuntas irregularidades en el
proyecto de construcción y equipamiento del ambiente COVID-19 en el Hospital
Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote.
Morillo, junto con sus funcionarios,
son acusados de haber favorecido a la empresa Quimera SAC con la adjudicación
de este proyecto que se hizo en pleno estado de emergencia por el nuevo
coronavirus.
Además, la investigación fiscal ha
recabado información administrativa, informes de la Contraloría, así como otros
elementos.
En estos momentos, el juez Quezada
Blanco sigue dando lectura a su resolución, en la que dará a conocer su
decisión respecto a las otras ocho personas comprendidas en el pedido de
prisión preventiva.
(Andina)
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