El entorno de Martín Vizcarra –incluido el expremier Walter Martos– tuvo contacto permanente con los congresistas y líderes políticos en los días previos a la votación de la moción de vacancia presidencial.
Las respuestas habían sido positivas. No en todos
los casos pero el mensaje era más o menos uniforme: a Vizcarra se le debe de
investigar, pero no es conveniente sacarlo del cargo por adelantado, sino
esperar a que deje el poder, el 28 de julio del 2021. Sin embargo, todo cambió.
Hasta el viernes, en los cálculos de Palacio, no
había suficientes votos. El panorama empezó a presentarse adverso para los
intereses de Vizcarra hacia el fin de semana, cuando los chats de sus
conversaciones con José Hernández se empezaron a filtrar en diversos medios de
comunicación.
Pero, incluso, las proyecciones que tenía el
Ejecutivo el mismo lunes, que es cuando se votó la moción impulsada por Unión
por el Perú (UPP), seguían siendo optimistas. Pensaban que la libraban, aunque
por poco.
Ese lunes, el hoy vacado Vizcarra asistió al Pleno
para ofrecer su descargo. Luego viajó fuera de Lima, su última actividad
oficial. Aunque no siguió el debate al detalle, cada cierto tiempo recibía
actualizaciones de su equipo. Y varios de los congresistas que en un momento
aseguraron que no respaldarían la vacancia empezaron a cambiar de parecer.
Algunas de las razones que daban eran: “es que los
demás van a votar que sí, y si yo digo que no quedo mal”. O, “le tengo que
hacer caso a mi bancada”. Hacia las cinco de la tarde, Vizcarra y su entorno
comprendieron que la suerte ya estaba casi echada. Se llegó a comentar que
fuertes presiones dentro de algunos grupos parlamentarios –como Acción Popular–
inclinaron la balanza.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el Pleno del
Parlamento avanzó hacia una vacancia presidencial con elecciones generales ya
convocadas y en medio de una pandemia sanitaria y una profunda crisis
económica?
Sobre todo teniendo en consideración que la salida
más sensata era esperar a que Vizcarra terminara su mandato el 28 de julio y a
partir de ahí investigarlo. La única razón lógica detrás de una decisión de esa
naturaleza es la confluencia de intereses, pequeños y particulares, que
desencadenaron el resultado, comenzando por el de Manuel Merino de Lama de
hacerse de la presidencia.
Merino de Lama –desde luego– contó con el respaldo
de un sector de su propio partido, Acción Popular, que hoy luce bastante
dividido frente a la situación política. Solo como ejemplo, Raúl Diez Canseco
–quien se bajó de la carrera presidencial– asistió a la ceremonia de ayer en el
Congreso. Mientras que el presidente del partido y gobernador de Cajamarca,
Mesías Guevara, compartió un comunicado en el que señalaba que la decisión
tomada por los legisladores “dinamita nuestra débil gobernabilidad”.
Los Acuña
Un grupo político que terminó siendo fundamental en
la interrupción del mandato de Vizcarra fue Alianza para el Progreso (APP). En
una entrevista concedida al diario El Comercio, su líder, César Acuña, declaró
que su agrupación no votaría por la vacancia. Es más, le recomendó a Vizcarra
que busque abogados que se encarguen del asunto judicial para que él solo se
preocupe de gobernar en los meses siguientes. APP –como se sabe– se terminó
volteando.
De hecho, y como un dato singular –que para el
entorno de Vizcarra no parece ser una simple casualidad– el voto 87, el
decisivo, fue de Humberto Acuña Peralta, quien además preside la Comisión de
Presupuesto.
¿Por qué cambió APP de parecer? Una versión señala
que fue después de los chats difundidos el fin de semana. Aunque tampoco eran
lo suficientemente contundentes como para interrumpir un mandato presidencial
constitucional.
Es más plausible la hipótesis de que APP finalmente
optó por defender los intereses particulares de sus líderes. Hace dos semanas,
este diario publicó un informe en el que se daba cuenta de lo siguiente: la
Universidad Señor de Sipán, cuyo presidente de directorio y gerente general es
el congresista disuelto Richard Acuña, logró su licenciamiento institucional en
enero del 2020 para operar con su sede en Chiclayo.
Nueve meses después, busca abrir nuevas filiales en
Lima y Piura. El detalle importante es el siguiente: el proyecto de ley que,
precisamente, prohíbe la creación de nuevas universidades y filiales estuvo
entrampado en la Comisión de Presupuesto del Congreso, dirigida por su tío
Humberto Acuña (el voto 87).
Hasta que no se apruebe la moratoria en el Pleno,
las solicitudes para nuevas instituciones y sedes que lleguen a la (Sunedu)
seguirán su curso. Dado que el gobierno de Vizcarra siempre tuvo un discurso a
favor de la reforma universitaria, viene bien el cambio en Palacio para los
intereses de los Acuña. No hay que dejar de lado un detalle: el nuevo
presidente del Legislativo es ahora de APP, Luis Valdez.
En esa línea, anoche sorprendió que se conociera
que hoy habría una sesión de la comisión de Educación de particular interés.
Entre otras cosas, en la agenda figura una propuesta de dictamen por el que se
propone con texto sustitutorio la ley que aprueba el bachillerato automático
para estudiantes universitarios durante los años 2020-2021, algo que va en contra
de la reforma universitaria.
El FREPAP busca además modificar la Ley
Universitaria “con el objeto de garantizar la participación estudiantil, la
idoneidad de sus autoridades, y promover la descentralización de la Educación
Universitaria”.
En la sesión también se verán proyectos de ley
presentados por Acción Popular para crear la Universidad Nacional Tecnológica
de Huaral y otro de Somos Perú para crear la Universidad Tecnológica de Paita.
Además, Alianza para el Progreso propone crear la Universidad Nacional Pedro
Vilcapaza Alarcón de Azángaro; el FREPAP plantea la creación de la Universidad
Nacional Intercultural de Loreto. UPP no se queda atrás y promueve crear la
Universidad Nacional Intercultural Aymara y Quechua.
Ante ello, la Asociación de Universidades
Nacionales del Perú junto a otras universidades particulares emitió un
comunicado ayer en el que llama “a evitar cualquier iniciativa que, de ser
aprobada e implementada, afecte gravemente la economía del país y por ende el
bienestar de los peruanos”.
Antauro
libertad
UPP ha sido el principal promotor de la vacancia.
No hay mayor secreto: el interés es que el candidato presidencial sea Antauro,
algo muy improbable. Su sentencia terminaría el 2024.
Por eso la opción de UPP al respecto es un hábeas
corpus, alegando que Humala ya cumplió la parte efectiva de su pena y el INPE
no ha respondido en el plazo correspondiente a su solicitud para dejar la
prisión.
Luego de la ceremonia en el Congreso, el vocero de
Unión por el Perú (UPP), José Vega, se refirió a este tema. Dijo que,
precisamente, el recurso por pena cumplida ya se encuentra en curso: “Hay un
proceso que tiene que ver la liberación por pena cumplida por redención que
estuvo paralizado (...) esperamos que ahora vuelva el estado de Derecho, la
libertad, las garantías constitucionales, judiciales y esperemos logremos la
liberación”.
Incluso, Vega no negó la posibilidad de presentar
una solicitud de indulto. Como se sabe, se trata de una prerrogativa del
presidente de la República, es decir Merino de Lama.
Otro partido que también se la jugó por la vacancia
fue Podemos Perú (a pesar de que su precandidato presidencial, Daniel Urresti,
votó en contra). La detención de José Luna el sábado habría disparado la
decisión. Merino habló en su discurso ayer –dirigiéndose a los congresistas– de
una “familia”. Es un buen momento para tener en Palacio a un cercano.
Y en el caso de Fuerza Popular, la “fujimorización”
del partido como estrategia política de cara a las elecciones ha endurecido sus
posiciones. No apoyaron la vacancia previa. Esta vez apostaron por ella. Una
vuelta a las raíces.
Fuente: LaRepublica.Pe
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