Intereses ambiciosos y personales propiciaron la vacancia de Martín Vizcarra

El entorno de Martín Vizcarra –incluido el expremier Walter Martos– tuvo contacto permanente con los congresistas y líderes políticos en los días previos a la votación de la moción de vacancia presidencial.

 

Las respuestas habían sido positivas. No en todos los casos pero el mensaje era más o menos uniforme: a Vizcarra se le debe de investigar, pero no es conveniente sacarlo del cargo por adelantado, sino esperar a que deje el poder, el 28 de julio del 2021. Sin embargo, todo cambió.

 

Hasta el viernes, en los cálculos de Palacio, no había suficientes votos. El panorama empezó a presentarse adverso para los intereses de Vizcarra hacia el fin de semana, cuando los chats de sus conversaciones con José Hernández se empezaron a filtrar en diversos medios de comunicación.

 

Pero, incluso, las proyecciones que tenía el Ejecutivo el mismo lunes, que es cuando se votó la moción impulsada por Unión por el Perú (UPP), seguían siendo optimistas. Pensaban que la libraban, aunque por poco.

 

Ese lunes, el hoy vacado Vizcarra asistió al Pleno para ofrecer su descargo. Luego viajó fuera de Lima, su última actividad oficial. Aunque no siguió el debate al detalle, cada cierto tiempo recibía actualizaciones de su equipo. Y varios de los congresistas que en un momento aseguraron que no respaldarían la vacancia empezaron a cambiar de parecer.

 

Algunas de las razones que daban eran: “es que los demás van a votar que sí, y si yo digo que no quedo mal”. O, “le tengo que hacer caso a mi bancada”. Hacia las cinco de la tarde, Vizcarra y su entorno comprendieron que la suerte ya estaba casi echada. Se llegó a comentar que fuertes presiones dentro de algunos grupos parlamentarios –como Acción Popular– inclinaron la balanza.

 

¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el Pleno del Parlamento avanzó hacia una vacancia presidencial con elecciones generales ya convocadas y en medio de una pandemia sanitaria y una profunda crisis económica?

 

Sobre todo teniendo en consideración que la salida más sensata era esperar a que Vizcarra terminara su mandato el 28 de julio y a partir de ahí investigarlo. La única razón lógica detrás de una decisión de esa naturaleza es la confluencia de intereses, pequeños y particulares, que desencadenaron el resultado, comenzando por el de Manuel Merino de Lama de hacerse de la presidencia.

 

Merino de Lama –desde luego– contó con el respaldo de un sector de su propio partido, Acción Popular, que hoy luce bastante dividido frente a la situación política. Solo como ejemplo, Raúl Diez Canseco –quien se bajó de la carrera presidencial– asistió a la ceremonia de ayer en el Congreso. Mientras que el presidente del partido y gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, compartió un comunicado en el que señalaba que la decisión tomada por los legisladores “dinamita nuestra débil gobernabilidad”.

 

Los Acuña

Un grupo político que terminó siendo fundamental en la interrupción del mandato de Vizcarra fue Alianza para el Progreso (APP). En una entrevista concedida al diario El Comercio, su líder, César Acuña, declaró que su agrupación no votaría por la vacancia. Es más, le recomendó a Vizcarra que busque abogados que se encarguen del asunto judicial para que él solo se preocupe de gobernar en los meses siguientes. APP –como se sabe– se terminó volteando.

 

De hecho, y como un dato singular –que para el entorno de Vizcarra no parece ser una simple casualidad– el voto 87, el decisivo, fue de Humberto Acuña Peralta, quien además preside la Comisión de Presupuesto.

 

¿Por qué cambió APP de parecer? Una versión señala que fue después de los chats difundidos el fin de semana. Aunque tampoco eran lo suficientemente contundentes como para interrumpir un mandato presidencial constitucional.

 

Es más plausible la hipótesis de que APP finalmente optó por defender los intereses particulares de sus líderes. Hace dos semanas, este diario publicó un informe en el que se daba cuenta de lo siguiente: la Universidad Señor de Sipán, cuyo presidente de directorio y gerente general es el congresista disuelto Richard Acuña, logró su licenciamiento institucional en enero del 2020 para operar con su sede en Chiclayo.

 

Nueve meses después, busca abrir nuevas filiales en Lima y Piura. El detalle importante es el siguiente: el proyecto de ley que, precisamente, prohíbe la creación de nuevas universidades y filiales estuvo entrampado en la Comisión de Presupuesto del Congreso, dirigida por su tío Humberto Acuña (el voto 87).

 

Hasta que no se apruebe la moratoria en el Pleno, las solicitudes para nuevas instituciones y sedes que lleguen a la (Sunedu) seguirán su curso. Dado que el gobierno de Vizcarra siempre tuvo un discurso a favor de la reforma universitaria, viene bien el cambio en Palacio para los intereses de los Acuña. No hay que dejar de lado un detalle: el nuevo presidente del Legislativo es ahora de APP, Luis Valdez.

 

En esa línea, anoche sorprendió que se conociera que hoy habría una sesión de la comisión de Educación de particular interés. Entre otras cosas, en la agenda figura una propuesta de dictamen por el que se propone con texto sustitutorio la ley que aprueba el bachillerato automático para estudiantes universitarios durante los años 2020-2021, algo que va en contra de la reforma universitaria.

 

El FREPAP busca además modificar la Ley Universitaria “con el objeto de garantizar la participación estudiantil, la idoneidad de sus autoridades, y promover la descentralización de la Educación Universitaria”.

 

En la sesión también se verán proyectos de ley presentados por Acción Popular para crear la Universidad Nacional Tecnológica de Huaral y otro de Somos Perú para crear la Universidad Tecnológica de Paita. Además, Alianza para el Progreso propone crear la Universidad Nacional Pedro Vilcapaza Alarcón de Azángaro; el FREPAP plantea la creación de la Universidad Nacional Intercultural de Loreto. UPP no se queda atrás y promueve crear la Universidad Nacional Intercultural Aymara y Quechua.

 

Ante ello, la Asociación de Universidades Nacionales del Perú junto a otras universidades particulares emitió un comunicado ayer en el que llama “a evitar cualquier iniciativa que, de ser aprobada e implementada, afecte gravemente la economía del país y por ende el bienestar de los peruanos”.

 

Antauro libertad

UPP ha sido el principal promotor de la vacancia. No hay mayor secreto: el interés es que el candidato presidencial sea Antauro, algo muy improbable. Su sentencia terminaría el 2024.

 

Por eso la opción de UPP al respecto es un hábeas corpus, alegando que Humala ya cumplió la parte efectiva de su pena y el INPE no ha respondido en el plazo correspondiente a su solicitud para dejar la prisión.

 

Luego de la ceremonia en el Congreso, el vocero de Unión por el Perú (UPP), José Vega, se refirió a este tema. Dijo que, precisamente, el recurso por pena cumplida ya se encuentra en curso: “Hay un proceso que tiene que ver la liberación por pena cumplida por redención que estuvo paralizado (...) esperamos que ahora vuelva el estado de Derecho, la libertad, las garantías constitucionales, judiciales y esperemos logremos la liberación”.

 

Incluso, Vega no negó la posibilidad de presentar una solicitud de indulto. Como se sabe, se trata de una prerrogativa del presidente de la República, es decir Merino de Lama.

 

Otro partido que también se la jugó por la vacancia fue Podemos Perú (a pesar de que su precandidato presidencial, Daniel Urresti, votó en contra). La detención de José Luna el sábado habría disparado la decisión. Merino habló en su discurso ayer –dirigiéndose a los congresistas– de una “familia”. Es un buen momento para tener en Palacio a un cercano.

 

Y en el caso de Fuerza Popular, la “fujimorización” del partido como estrategia política de cara a las elecciones ha endurecido sus posiciones. No apoyaron la vacancia previa. Esta vez apostaron por ella. Una vuelta a las raíces.

 

Fuente: LaRepublica.Pe