El Congreso elegirá a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que resolverían las demandas en las que se encuentran involucrados, según los juristas consultados por La República.
Actualmente hay un proceso competencial
ante el TC, entre el Ejecutivo y Legislativo, por la vacancia presidencial. Y
también habría otras demandas de inconstitucionalidad en caso se promulgue por
insistencia la ley de la ONP y se apruebe la contrarreforma de la inmunidad
parlamentaria.
“Es una situación particular: el
Congreso va a nombrar a los magistrados que resuelvan estos procesos”, explicó
el constitucionalista Omar Cairo.
“Si han sido capaces de elegir a Edgar
Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización, ya podemos imaginar
qué tipo de personajes están pensando elegir en el TC”, alertó el exprocurador
anticorrupción José Ugaz.
La Comisión Especial a cargo del
concurso público de magistrados publicó ayer el anteproyecto de reglamento.
Hasta el lunes 28 podrán recibir observaciones de la ciudadanía, dos días
después votarán el texto final y luego este pasará al debate en el pleno del
Congreso.
El secretario de la Asociación Civil
Transparencia, Iván Lanegra, adelantó a este diario que su organización enviará
sus recomendaciones en estos días. “Es indispensable garantizar el perfil de
los magistrados desde el punto de vista ético”, manifestó.
Falta
equilibrio
Un punto cuestionado es la tabla de
puntajes. La evaluación curricular vale 85 y la entrevista personal 15. Las
candidaturas que superen los 80 puntos serán revisadas en el pleno.
“Ahí tiene que haber un balance, que no
sea una elección donde solamente el curriculum vitae (CV) marque la
calificación”, sostuvo Lanegra.
El anteproyecto de reglamento, asimismo,
solo considera, en experiencia judicial, a exjueces o exfiscales supremos o
superiores. Ugaz rememoró que la presidenta del TC, Marianella Ledesma, fue
elegida magistrada cuando era juez supernumeraria. El esquema planteado por la
Comisión Especial la hubiera excluido.
Mientras que en la etapa de entrevista,
acotó Cairo, se debe tomar en cuenta la posición política y jurídica del
aspirante. “Se debe apreciar si sostiene, por ejemplo, que la disolución del
Congreso fue un golpe de Estado”, propuso.
Despolitizar
el proceso
Cairo y Ugaz coinciden en que, a mediano
plazo, sería mejor que otra institución se encargue de esta elección. Para eso
se necesitaría una reforma constitucional. En el 2018, la población aprobó en
un referéndum la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en reemplazo
del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
La JNJ fue elegida por una comisión
especial externa. Para Ugaz, debería suceder lo mismo con el TC. “Así se
despolitizan los nombramientos”, puntualizó.
Fuente:
LaRepublica.Pe
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