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    miércoles, julio 08, 2020

    Decisiones de la Comisión de Constitución denigra la democracia peruana

    Mientras Omar Chehade se mantenía ayer conectado a su computadora, conduciendo la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, en paralelo, los expresidentes del Tribunal Constitucional Óscar Urviola y César Landa lo dejaban sin piso, renunciando a la comisión consultiva de dicho grupo de trabajo. Esto, en señal de protesta por el debilitamiento del sistema democrático, tras las reformas aprobadas, sin dictámenes ni debate, el domingo último.

    Sobre la marcha, ayer también se hizo pública la renuncia al comité consultivo del expremier Pedro Cateriano, el exadjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría Samuel Abad, además de los abogados Javier Alonso de Belaunde, Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva, Elizabeth Salmón, Luciano López Flores y Juan Carlos Ruiz Molleda.

    “Me veo en la obligación moral de dirigirme a usted para presentar mi renuncia”, expresa el exmagistrado Óscar Urviola en su carta y agrega que las decisiones adoptadas por la comisión que preside Chehade “alteran el orden constitucional y el normal funcionamiento del sistema democrático”.

    Previamente, Óscar Urviola había criticado públicamente la reforma constitucional aprobada en primera votación por el Congreso que mutila la inviolabilidad de voz y voto de los miembros del TC y de la Defensoría, con lo cual, según enfatizó se transgrede el principio básico del balance de poderes. En la misma línea cuestionó que hayan contemplado la posibilidad de que el presidente de la República pueda ser acusado por delitos contra la administración pública.

    “La eliminación de la inviolabilidad de opinión y de voto de los magistrados del Tribunal Constitucional significa una vergonzosa e injustificada limitación de sus facultades en la tarea de ejercer el control de constitucionalidad”, subraya Urviola en su carta.

    Para César Landa, lo aprobado con respecto al TC socava “la necesaria independencia y neutralidad en el ejercicio de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como del control de los excesos de los poderes públicos”.

    Urviola lamenta además que la comisión de Chehade haya dejado pasar este dictamen en el Pleno del domingo, sin un “debido, serio y profundo debate de los proyectos, en especial (por tratarse de) proyectos de reforma constitucional”.

    Inmunidad vigente
    Por otro lado, César Landa cuestiona que el Congreso sí haya decidido mantener su inmunidad parlamentaria, según el texto final que aprobaron el domingo.

    Landa apunta que la decisión del Parlamento fue para “asegurar la inmunidad de cualquier actividad de los congresistas, incluso de los actos de función que podrían constituir infracciones a la ley penal, para que la fiscalía no los investigue, ni la justicia los procese y eventualmente condene”.

    “Esta decisión es una grave involución al fortalecimiento de nuestra democracia representativa en la lucha contra la corrupción política”, expresa el renunciante César Landa.

    Además cuestiona que, en contrario, el Parlamento haya retirado el antejuicio para los ministros y también haya establecido que el presidente ahora sí podrá ser acusado por delitos contra la administración pública. Según sostiene, lo ocurrido “pone de manifiesto una decisión mayoritaria irreflexiva, que quiebra el principio constitucional tanto de la división de poderes, como del control y equilibrio de poderes”.

    Más cuestionamientos
    Pedro Cateriano también se sumó a las renuncias, mientras el constitucionalista Javier Alonso de Belaunde, en similar determinación, señala que la decisión del Congreso “contraviene los parámetros básicos de una deliberación y supone una afectación grave a los principios de democracia, gobernabilidad, balance y control de poderes”.

    En una carta conjunta, Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva, Elizabeth Salmón y Luciano López Flores también formulan una serie de cuestionamientos y advierten “graves consecuencias” con las reformas aprobadas por el Congreso de la República.

    “La especial gravedad de esta situación se centra en el impacto de las citadas reformas en el principio de equilibrio de poderes”, apuntan, además de recalcar que reformas de este tipo deberían darse mediante una exhaustiva y meditada deliberación, y cumpliendo los “procedimientos parlamentarios que garantizan dicha deliberación”.

    Las reformas ‘express’
    Como se recuerda, la noche del domingo, el Congreso aprobó en forma acelerada tres dictámenes de reforma constitucional sobre temas distintos: eliminación de inmunidades y otras prerrogativas; impedimentos para que postulen los sentenciados en primera instancia, y que el 6% del PBI sea destinado al sector Educación.

    La protesta generada en forma colectiva, desde los predios del derecho constitucional, tiene que ver con el primer dictamen. Y es que hasta el sábado, Omar Chehade, presidente de la Comisión de la Constitución, solo había sustentado un dictamen con la modificación exclusiva del artículo 93 de la Constitución, sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

    Pero el domingo por la noche, sorprendió con un nuevo texto donde planteaba cambiar hasta cinco artículos de la Constitución. Todo con el fin de lograr los 87 votos que requiere una reforma constitucional.

    Así, el Parlamento aprobó con 110 votos la reforma constitucional, a pesar de que cuatro de los cinco artículos modificados no tenían predictámenes y tampoco hubo un verdadero debate, ni en la Comisión de Constitución ni en el Pleno.

    ¿Cuáles son esos cinco artículos? Primero: el artículo 93, que elimina la inmunidad parlamentaria de arresto y proceso para hechos previos a la elección congresal, pero la mantiene para eventuales delitos contra la administración pública en los que puedan incurrir, durante el ejercicio de sus funciones.

    En la práctica, se trata de una falsa eliminación de la inmunidad parlamentaria.

    El otro artículo es el 99, que elimina el antejuicio para los ministros. En tercer lugar, el artículo 117. En este caso, contemplan la posibilidad de que el presidente pueda ser acusado por delitos contra la administración pública. El riesgo es que, en adelante, el mandatario podría distraerse en atender juicios, cuando debería concentrarse con exclusividad a atender los problemas del país.

    Con la modificación del artículo 161, los congresistas mutilan la inmunidad y otras prerrogativas del defensor del pueblo, que ellos sí las mantienen.

    Finalmente, en el artículo 201 mutilan la inviolabilidad de la opinión y el voto de los magistrados del TC.

    Fuente: LaRepublica.Pe

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