Artículo de
Sigfredo Florian/ Área de Defensa Legal
Acción Popular acaba de presentar un proyecto de
ley que pretende no solo la expulsión del país de cientos de miles de
ciudadanos venezolanos, al buscar dejar sin efecto los Permisos Temporales de
Permanencia (PTP) otorgados por el Estado peruano, sino también criminalizar su
situación migratoria. El proyecto de ley 5350/2020 ha sido presentado por el
congresista Orlando Arapa Roque.
El proyecto propone tipificar un nuevo delito
denominado de reingreso irregular y se aplica al ciudadano extranjero que tenga
la condición migratoria irregular a quien luego de disponerse su retiro y/o
expulsión del territorio peruano reingresa al país, se establece 2 supuestos:
a) quien por primera vez reingresa de forma irregular al Perú, será condenado
con una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de cinco
años. b) quien reingresa por segunda vez luego de cumplir la pena impuesta por
su primer reingreso irregular, será condenado con una pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de diez años.
Asumiendo una postura en estricto xenófoba el
proyecto busca aprovechar de la peor manera un tema político y socialmente
sensible, como es la presencia de venezolanos en nuestro país, y pretende
generar un mecanismo de expulsión en plena emergencia por la pandemia del
coronavirus. Los migrantes venezolanos superan las 900 mil personas y si bien,
algunos han cometido hechos delictivos, eso bajo ninguna circunstancia puede
servir de argumento para pretender afectar los derechos fundamentales de
cientos de miles de personas.
El proyecto
viola la Constitución
Si bien, el proyecto de ley hace mención a que está
dirigido para extranjeros, esto se aclara en la exposición de motivos donde
señala que está dirigido a ciudadanos venezolanos, esto es discriminatorio y
viola el principio de igualdad que estipula el art.2 de la Constitución
Política que en su numeral 2 señala que toda persona tiene derecho a la igualdad
ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo,
idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
Otro elemento que abona a que el proyecto de ley es
discriminatorio es que reconoce que Colombia es el país con mayor migración
hacia el Perú, pero; no establece ninguna restricción para estos migrantes, sin
embargo, respecto a los ciudadanos venezolanos que es el segundo país con mayor
migración se propone el proyecto de ley.
El delito de “ingreso irregular” También busca
tipificar un nuevo delito de ingreso irregular exclusivo para ciudadanos
venezolanos, otra vez, hay un trato discriminatorio y no se puede crear una ley
exprés y con nombre propio, además; si se busca sacar fuera del país a los
ciudadanos venezolanos al crearse este nuevo delito haría que ellos permanezcan
en el país que tendrían que cumplir su condena para luego ser expulsados. Y los
más ilógico del proyecto es que busca dejar sin efecto los PTP, de los casi un
millón de ciudadanos venezolanos quienes tendrían la condición migratoria
irregular, el proyecto de ley no señala como se retornaría a un millón de
personas a su país de origen y quien asumiría ese alto costo que
contradictoriamente el proyecto de ley señala que no generaría ningún costo
para el Perú.
La exposición de motivos del proyecto de ley en
comento señala que el Pacto Mundial para una Migración Segura no es un tratado
porque no ha sido firmado y tampoco ratificado por nuestro país, argumenta que dicha
norma no está investida del Pacta Sunt Servanda, principio del derecho
internacional que obliga a las partes que lo suscriben, pero,
contradictoriamente luego el proyecto sostiene que existe lineamientos de este
Pacto que debe seguirse en tema migratorio. Debemos ser claros o rechazamos el
pacto o lo aceptamos. El Perú ha mantenido una tendencia de respetar los pactos
o convenios internacionales.
Durante el periodo de inmovilización los migrantes
venezolanos no han sido beneficiados con ningún tipo de bono o apoyo de Estado
muchos de ellos se han visto en la necesidad de realizar proceso de retorno a
su país de origen. Las consecuencias de la pandemia por el COVID 19 van a ser
significativas para el país, sobre todo en el ámbito laboral que no solo va
afectar a los peruanos sino a los venezolanos con mayor intensidad.
Los ingresos irregulares se vienen generando debido
a las deficiencias del sistema, de las prohibiciones para más ingresos y porque
existe una demanda de ciudadanos venezolanos que ha desbordado la atención del
Estado, pero ello no puede generar la creación de un tipo penal que solo tiene
como objetivo la criminalización de los venezolanos. Lo que se debe es
potenciar los controles migratorios y agilizar los procesos administrativos a fin
de que extranjeros que ingresen de forma irregular a nuestro país
inmediatamente deben ser expulsados.
Fuente: IDL.ORG.PE
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