Columna
escrita por: Fernando Rospigliosi
El espantoso drama ocurrido en El Agustino, cuando
los policías de una comisaría ubicada a cuadra y media del incidente no
acudieron a socorrer a las víctimas –una madre y sus tres hijos menores de edad
que fueron asesinados–, a pesar de los insistentes llamados de los vecinos, no
es sorprendente. Es consecuencia del deterioro constante de la Policía
Nacional. El homicida fue capturado por algunos vecinos cuando huía y los
policías, para justificar su inacción, pretendieron atribuirse luego la
detención.
El ministro del Interior ha intentado disipar la
realidad que se vive con acciones publicitarias y demagógicas, como visitar
comisarías luego de los hechos y, peor aún, prometer un decreto de urgencia
(DU) para expulsar rápidamente a policías que no cumplan con su deber
(“Correo”, 24/12/19).
Una norma de ese tipo ya se emitió durante el
segundo gobierno aprista con resultados nefastos. Los malos efectivos
sancionados de esa manera acuden al Poder Judicial arguyendo que no se ha
respetado el debido proceso, que no han podido ejercer su derecho a la defensa
e invariablemente los jueces ordenan reponerlos en la institución y, a veces,
pagarles cuantiosas indemnizaciones y ascenderlos. Adicionalmente, esas
expulsiones ‘express’ se prestan a abusos de oficiales incompetentes o
corruptos, que amenazan con sancionar a sus subordinados si los cuestionan.
Pero eso le importa un comino al ministro del
Interior. Él podrá despedir policías y hacer un espectáculo frente a las
cámaras. Cuando esos policías regresen por una orden judicial un año o dos
después, probablemente él ya no estará en el cargo.
Policías indolentes, desmotivados y poco
preparados, comisarios dedicados a sus propios asuntos –o negocios– es
alarmantemente usual. Y cada vez se reportan más casos como el de la joven
violada en una comisaría en Paramonga, de bandas delincuenciales dedicadas al
narcotráfico integradas por policías en el Cusco, o los que robaban
contenedores en el Callao protegidos por un coronel de la PNP que precisamente
fue repuesto y ascendido luego de haber sido expulsado.
Uno de los problemas cruciales es el de la baja
calidad del personal policial, que empeora cada año que pasa. El populismo de
los sucesivos gobiernos ha llevado a una insensata carrera en la que los
presidentes y ministros del Interior cada año presentan a nuevos miles de
policías. Responden de esa manera al pedido del público: queremos más policías
en las calles.
Incluso ahora, en la campaña electoral, una
candidata de Acción Popular en Lima tiene en su propaganda la consigna de “más
policías”, que no solo es una decisión que no corresponde al Congreso al que
postula, sino que es demagógica y contraproducente.
Porque todos los años hay miles de policías más y
cada vez la seguridad ciudadana está peor. El problema no está en la cantidad
sino en la calidad y no se puede, realistamente, tener ambas.
Como producto de ese absurdo populismo, se han ido
creando escuelas policiales en todo el país. Actualmente hay 26. La mayoría son
pésimas, deplorables. Como hay presión de las más altas autoridades por la
cantidad, los requisitos de ingreso se rebajan a mínimos irracionales. Por
supuesto, no existen profesores adecuados para todas esas escuelas y la
instrucción –si se puede llamar así– que se imparte es malísima. Peor todavía,
en muchos casos lo que se aprende es corrupción.
Los encargados de la instrucción son los oficiales
de la localidad –no están capacitados para esa tarea– que en muchos casos ni
siquiera asisten, sino envían en su lugar a los suboficiales. Un desastre.
Una de las reformas más necesarias –quizá la más
importante– que se requiere es cerrar unas 20 escuelas y concentrarse en unas
pocas, controlando adecuadamente el ingreso y la educación. Pero esa reforma
requiere decisión, liderazgo y valentía, y ninguno de los últimos gobiernos ha
estado dispuesto a hacerla porque es impopular. Por el contrario, han insistido
en la demagogia de “más policías”, con los resultados que estamos viendo.
En síntesis, contrariando el sentido común, para
mejorar la seguridad ciudadana se necesitan mejores policías, calidad y no
cantidad.
Otrosí digo. Colateralmente, la ministra de
Justicia ha quedado desacreditada por su insensible respuesta al caso de los
asesinados en El Agustino. Su posterior intento de rectificar su desatinada
respuesta en RPP la hundió más. Y su frase “yo tampoco respaldo mis declaraciones”
es digna de El Otorongo de “Perú21”.
Otrosí digo. En el Gobierno siguen preparando el
ilegal DU para desarmar a los civiles que adquieren armas legalmente. Se trata
de otra medida demagógica que solo favorece a la delincuencia. (Ver, por
ejemplo, Alfredo Bullard, “Más armas, menos crímenes”, “Perú21”, 14/12/19).
Fuente: ElComercio.Pe
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