El fiscal José Pérez evalúa la pertinencia de
solicitar en este momento una detención preliminar o la prisión preventiva del
expresidente Alan García.
En el Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú
y en las fiscalías de lavado existe el convencimiento de que están dadas las
condiciones para pedir restringir la libertad de García.
La decisión del presidente uruguayo Tabaré Vázquez
y su canciller Rodolfo Nin Novoa de negarle el asilo político es una evidencia
de que García busca obstruir las investigaciones. Uruguay reconoce que en el
Perú funciona la democracia y que el dos veces presidente peruano está sometido
a investigación, no a una persecución política.
Dos
investigaciones
Sin embargo, hay dudas sobre la pertinencia de la
acción; es decir, qué tan oportuno para los fines de la investigación es
solicitar en este momento al Poder Judicial que restrinja la libertad del
expresidente del partido aprista.
Pérez Gómez tiene dos indagaciones en trámite
contra Alan García, que se consideran están en una etapa incipiente, muy
prematura para pasar a investigación preparatoria.
Como fiscal de lavado de activos, Pérez investiga a
García por un aporte de US$ 200 mil que Odebrecht realizó a la campaña del
partido aprista en las elecciones del 2006, según la declaración del
colaborador eficaz Jorge Barata.
En este caso se ha citado a declarar a unos 30
dirigentes del partido aprista que trabajaron en la campaña presidencial y
tuvieron a su cargo los manejos financieros, y se dispuso un peritaje contable
a las declaraciones de ingresos y gastos presentados a la ONPE.
Luego, como fiscal del Equipo Especial, Pérez
incluyó a García en la investigación por los sobornos pagados por Odebrecht
para adjudicarse los contratos de construcción de la Línea 1, tramo 1 y 2 del
Metro de Lima.
El 13 de noviembre la representante legal de
Odebrecht, Lourdes Carreño Carcelén, entregó a la fiscalía diversos e-mails
internos y giros bancarios en los que se establece un depósito de US$ 100 mil
hecho a una cuenta del exmandatario, a través de un intermediario y simulando
el pago de una conferencia realizada para empresarios en Brasil.
Los e-mails fueron compartidos entre el funcionario
de Odebrecht Marcos Grillo, con el apelativo "Vismark", y el
intermediario Américo Spinola, que usa el nombre código: "Joe". En
los e-mails se da instrucción para el pago de 100 mil dólares de las oficinas
de la coima de la constructora, el Departamento de Operaciones Estructuradas o
Caja 2.
De acuerdo a las instrucciones de
"Vismark" a "Joe", los pagos deben realizarse desde fuera
de Odebrecht y se simula un contrato para una conferencia en Brasil.
El pago se realiza el 9 de julio del 2012 y los
contratos tienen fecha de mayo del 2012. La fiscalía relaciona este pago con la
forma célere en que el gobierno de García (2006-2011) dio diversas normas
legales para impulsar los contratos para la construcción de Metro de Lima.
Diligencias
pendientes
Entre las diligencias que la fiscalía considera
necesarias para pasar a una investigación preparatoria en el caso del Metro de
Lima se encuentra interrogar al expresidente García sobre sus viajes con el
exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata y el Decreto de Urgencia 032-2009.
La declaración se debió realizar el 15 de
noviembre, pero se suspendió para informarle, y que pueda descargar la nueva
información entregada por Odebrecht, sobre los pagos vía una conferencia
empresarial.
Además, los documentos de Odebrecht que están en
portugués deben ser corroborados y traducidos al español. De acuerdo con
Odebrecht, los e-mails originales se encuentran en la base de datos del sistema
Drousys, que se encuentra en manos de la fiscalía de Brasil.
Para esto es importante que se firme el acuerdo de
colaboración con Odebrecht que permita al Perú tener acceso a los sistemas My
Web Day y Drousys. Además, la constructora Odebrecht podría entregar nueva
información en los próximos días.
El fiscal Pérez también ha previsto levantar y
corroborar su secreto bancario y tributario, para lo que debe llevarse a cabo
una pericia contable, pues se considera que la información bancaria puede haber
sido adulterada.
Igualmente se prevé someter al exmandatario a una
pericia grafotécnica para corroborar la autenticidad de su letra en algunos
documentos de los contratos del Metro de Lima y los decretos de urgencia.
Fuente: LaRepublica.Pe
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