“Peor no lo pudieron haber hecho. No les importó
arrasar la Constitución, violentar el reglamento del Congreso y pisotear los
derechos fundamentales de la persona”.
Esta declaración es del abogado constitucionalista
y exministro de Justicia Víctor García Toma. Resume la sesión del pleno del Congreso
del último miércoles, en la que Fuerza Popular consiguió suspender a los
congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, mientras
dure el proceso en su contra por los presuntos delitos de tráfico de
influencias y cohecho activo genérico.
La violación de un derecho constitucional anula
todo el procedimiento sancionador. Un día después de la primera votación, el
fujimorismo se dio cuenta de ello y trató de corregirlo. Volvió a votar y
conseguir la suspensión.
Pero en solo 30 o 40 días, un juez podría revertir
la decisión del pleno, vía una acción de amparo y una medida cautelar, y
ordenar que los tres parlamentarios retomen sus funciones, explicó García Toma.
La misma opinión tiene el abogado
constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional (TC) César Landa.
Es más, Landa considera que la rectificación no borra la violación del debido
proceso.
“No se contó con seguridad ni estabilidad jurídica.
Un juez que actúe con celeridad puede resolver este tema en un mes. La
Constitución garantiza el control y el balance de poderes, por eso una
resolución legislativa que aprueba suspender a un parlamentario puede ser
cuestionada en una demanda de Amparo”, explicó Landa.
Por la
fuerza
La fórmula que empleó Fuerza Popular para
garantizar una sanción contra Kenji Fujimori le pasará factura por no respetar
el debido proceso, explicaron los expertos.
La Mesa Directiva del Congreso, liderada por el
fujimorista Luis Galarreta, desconoció el artículo 100 de la Constitución y
permitió que algunos miembros de la Comisión Permanente participen de la
votación en el pleno.
“Algunos podrían creer que con la rectificación se
subsanó el tema, pero en realidad solo puso en evidencia que hubo un
procedimiento irregular. En materia sancionadora, cuando se rectifica, no se
subsana el derecho afectado”, asegura Landa.
Por su parte, García Toma alertó que incluso la sanción
que recibieron los tres congresistas es irregular, ya que contradice un
precedente vinculante establecido por el TC en el 2010.
El precedente vinculante tiene fuerza de ley y
señala que ninguna medida de suspensión puede tener carácter indeterminado,
explicó. “El Congreso conoce esa situación. Fuerza Popular la ha padecido con
los casos de Martha Chávez y Carmen Lozada de Gamboa. Es lamentable que
conociendo esa experiencia hayan repetido el vicio”, recordó García.
Incluso todavía no hay un proceso judicial abierto
a los tres congresistas. Solo existe una investigación preliminar para
determinar si hay motivos y pruebas para iniciar un proceso penal.
Celeridad
A las alertas de ilegalidad en el proceso para
sancionar a Kenji, Bocángel y Ramírez se sumaron más críticas a Fuerza Popular
desde el Parlamento.
El congresista Jorge del Castillo (Apra) recordó
ayer que “la mala maniobra, con votos bambas y procedimientos
inconstitucionales lo vieron todos”, y consideró que eso se verá reflejado en
un incremento en el nivel de desaprobación del Congreso.
“El fujimorismo hace un mal manejo del Congreso.
Dijeron que votarían 115 congresistas y que la mayoría (la mitad más uno) se
lograba con 51 votos. ¡Qué tal matemática! Luego regresaron arrepentidos,
pidieron disculpas y fuimos a una (nueva) votación”, señaló.
El legislador aprista aseguró que las decisiones de
Fuerza Popular responden al interés por mantener el control del Congreso
mediante la presidencia de la Mesa Directiva, cueste lo que cueste.
“También ha ganado un par de topos que le pueden
ayudar a mantener la Mesa Directiva del Congreso. Fíjense quienes cambiaron su
voto ¿Por qué lo hicieron?”, dijo.
Aunque Del Castillo evitó dar nombres, quedó
registrado que el congresista Pedro Olaechea (Peruanos por el Kambio) votó a
favor de la suspensión de Kenji, Bocángel y Ramírez, a diferencia de sus
colegas de bancada.
Al respecto, el vocero de Peruanos por el Kambio,
Gilbert Violeta, informó que Olaechea tendrá que responder por su voto en una
reunión interna. “Él se comprometió a votar con la bancada y fue notificado del
acuerdo. Ya algunos parlamentarios de la propia bancada han pedido que el tema
se analice”, dijo.
Mientras seguían las criticas dentro y fuera del
Parlamento, rápidamente se coordinó el envío del oficio que da cuenta de la
suspensión al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor
Ticona.
En el mismo documento le pidieron emitir las
credenciales de los accesitarios Ángel Neyra (Lima), María Candelaria Ramos
(Tumbes) y César Campos (Huánuco). El fujimorismo quiere sumar esos tres votos
sin perder tiempo.
Claves
- Sumas. Fuerza Popular recupera tres curules. Con
ello, pasa de 59 a 62 congresistas. Además, cuenta con el voto de Yeni
Vilcatoma, congresista no agrupada.
- Uno más. El congresista Jorge Castro votó a favor
de la suspensión y ya rompió vínculos con Frente Amplio.
- Proceso. La resolución legislativa que notifica
la suspensión fue publicada ayer en el diario oficial El Peruano.
“Para sancionar se debe tener todas las normas
claras y precisas bajo un principio de legalidad y seguridad jurídica. Eso no
se ha cumplido”. César Landa - Expresidente del TC
“Fue un ajuste de cuentas interno (entre Keiko y
Kenji) que da un pésimo ejemplo a la ciudadanía y maltrata la imagen del
Congreso de la República”. Víctor García Toma - Exministro de Justicia
“La pelea entre hermanos perjudica a ambos. Keiko
no gana nada, como tampoco ganó con la vacancia presidencial, aunque ellos
crean que sí”. Jorge del Castillo - Congresista
“No voy a especular sobre los hermanos. Fuerza
Popular paga muchos costos políticos por ponerse a trabajar. No actuamos por
cálculos políticos”. Luz Salgado – Congresista
Fuente: LaRepublica.Pe
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