La Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, a cargo de analizar las denuncias en contra de personas que
ocuparon altos cargos públicos, fue la última en el Congreso en instalarse,
lo que ha retrasado su trabajo a pesar de la gran cantidad de demandas
pendientes.
Una de las denuncias encarpetadas
desde hace 49 días es la que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida
Ávalos, en contra Manuel Merino; el extitular del gabinete ministerial Ántero
Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por las muertes
de Inti Sotelo y Bryan Pintado, y las lesiones sufridas por 78 personas en las
movilizaciones del año pasado.
Blindaje
fujimorista
En la última sesión del 19 de
noviembre, la legisladora Rosio Torres, quien preside la subcomisión, dio
cuenta de la solicitud que presentó su colega Ruth Luque, de Juntos por el
Perú ( JP), con la que pidió se dé celeridad a la denuncia 132 del referido
caso.
Al respecto, la fujimorista Martha
Moyano calificó de “inapropiada” la iniciativa porque, comenta, se estaría
“perjudicando” el trabajo interno del equipo al adelantar opinión. Asimismo,
sostuvo que las denuncias deben tratarse bajo el criterio cronológico, es
decir, por orden de llegada.
La postura fue respaldada por su colega
de bancada Ernesto Bustamante quien señaló que “no se debe intervenir” en el
tema antes de que se haya analizado.
El legislador Héctor Valer,
representante de la bancada Somos Perú e integrante de la subcomisión,
confirmó que, hasta el momento, se analizan las denuncias por antigüedad. “En
la lista de espera hay una infinidad de casos constitucionales. Entonces,
estamos viendo por orden de prelación, conforme ha decidido la mesa directiva
de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, mencionó.
Asimismo, el legislador Edgard
Reymundo, de JP, ratificó que este acuerdo se anunció desde la instalación
de la subcomisión, pero aún desconoce si se tomó alguna decisión sobre el
pedido de su colega Luque.
La parlamentaria María Acuña, de
APP, señaló que desde su punto de vista todas las denuncias deben ser
tratadas con el mismo criterio. “Exigiremos que se respeten plazos y los
tiempos se debatirán en su momento con la misma importancia que se den con
todas las denuncias”, respondió.
Piden celeridad
La congresista Luque contestó a
través de su cuenta de Twitter y enfatizó que el caso es “de urgencia”.
“Justicia y reparación no pueden esperar, así de simple. Que la historia de
blindaje no se repita. #NoalBlindajedelCongreso”, escribió.
Por su parte, el congresista del
Partido Morado, Edward Málaga Trillo, quien no es parte de este grupo de
trabajo, consideró fundamental que la denuncia se priorice. “Es un hecho que
trastornó al país, nos puso en vilo, nos desestabilizó, trajo muertes y
mucha zozobra en términos económicos, en medio de la pandemia. Merece ser
revisado con urgencia”, dijo.
En la misma línea, el congresista
Jaime Quito, de Perú Libre, señaló que esta subcomisión debe atender de
manera inmediata la denuncia constitucional contra Merino para hallar a los
responsables.
“Esta subcomisión tiene que atender
este tipo de casos de forma inmediata. Estamos acostumbrados a la burocracia en
el país, aquí tenemos que acelerar las cosas para tener a los responsables.
Es importante que se priorice la vida”, afirmó.
Largo
proceso
El análisis de una denuncia
constitucional depende de varios pasos. Primero la SAC delega a un congresista
que indague sobre los hechos y este da una recomendación si se debe proceder o
no con la misma. Esta es debatida con el equipo y si es aprobada, el informe de
calificación pasa a la Comisión Permanente. Si esta instancia da su visto
bueno, la SAC profundiza en la investigación y recoge los descargos del
imputado.
El informe final es nuevamente
debatido en la SAC y posteriormente en la Permanente. Solo luego de que ambas
instancias la aprueben, pasa al pleno del Congreso en donde se autoriza la
acusación. Si el escenario es positivo, la Fiscalía de la Nación recién
podrá continuar con la investigación.
Torres informó que existen 200
denuncias acumuladas, de las cuales 124 fueron presentadas por ciudadanos, 46
por representantes del Legislativo, 27 por la Fiscalía, dos por ex fiscales
supremos y uno por un procurador. Del total, 185 están en la subcomisión,
seis en la Comisión Permanente y nueve en el Consejo Directivo a la espera de
ser agendadas en el pleno.
Fuente: LaRepublica.Pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario