Ad portas de que se inicien las
audiencias ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la lideresa
de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, insiste con que hubo una alteración de
votos para favorecer a su rival de Perú Libre (PL), Pedro Castillo, pero reconoce
que aún falta demostrarlo.
“Ya sabemos lo que hicieron para
voltear la elección. Hoy necesitamos saber cómo lo hicieron”, tuiteó ayer la
candidata naranja. Es decir, pese a que ya interpuso 943 impugnaciones para
anular los votos a favor de Perú Libre, todavía sigue buscando pruebas.
Los abogados electorales José Naupari
y Karin Guevara, consultados por La República, explicaron que a estas alturas
Fujimori Higuchi ya no puede hablar de nuevos elementos probatorios. Se supone
que los pedidos de nulidad presentados contenían evidencias suficientes para
sostener la tesis de fraude electoral. Y, por ende, el Pleno del JNE solo debe abocarse
a discutir los argumentos expuestos por la personera de FP Milagros Takayama y
los otros abogados fujimoristas.
A eso se suma que ha vencido el plazo
para ingresar impugnaciones. Recopilar pruebas, en todo caso, sería para nuevas
demandas de nulidad, pero estas serían extemporáneas.
El abogado y analista político Enzo
Elguera precisa que la única manera de que haya fraude es cuando hay una
coordinación sistemática para afectar el sistema electoral con la finalidad de
modificar la voluntad popular. Para eso, agregó, el partido que pide anular
votos debe demostrar que hubo colusión entre miembros del Jurado, de la ONPE y
representantes de la organización ganadora. Sin embargo, Fujimori carece de
elementos para probarlo. Si los hubieran tenido, asegura Guevara, sus
personeros habrían impugnado el mismo día de las elecciones.
Para Elguera, si el máximo tribunal
electoral le da la razón a FP, “estaría admitiendo que hay corrupción entre sus
propios miembros que estuvieron en las mesas de votación”. Es decir, acusando a
los miembros de su propia institución. Algo ilógico, según el jurista.
Puntos
cruciales
Los jueces electorales del Pleno del
JNE se reunieron ayer para elaborar un cronograma de audiencias. Allí se
analizarán las impugnaciones apeladas. Al cierre de esta nota, estas eran 218.
El Jurado ya terminó de revisar las 84 actas observadas por la ONPE. Se
demoraron seis días en resolverlas. Es incierto cuánto tiempo se tomarán para
los recursos de nulidad.
Para Naupari, un factor crucial será
que primero analicen la temporalidad.
Los magistrados pueden iniciar las
audiencias con los recursos que están fuera de plazo.
Ahí lo fundamental, dice Naupari, es
que al inicio definan si estas proceden. Un fallo del Jurado ratificando el
cronograma —en el que la fecha para las impugnaciones venció el 9 de junio a
las 8 p.m.— aplicaría para todos los expedientes que no cumplieron con el
calendario. “Cuando resuelves una apelación extemporánea, ya cierras el caño.
Se zanja con la primera resolución”, apuntó.
Para Elguera, existen dos antecedentes
importantes en este proceso electoral sobre el respeto a los plazos: la fallida
inscripción de candidatos congresales del PPC y el Apra. Ambas agrupaciones
registraron sus fórmulas fuera del plazo. Pero alegaron que debía primar el
derecho a participación electoral. Al final, sus pedidos fueron desestimados.
Primó el cronograma. “Hay jurisprudencia creada”, sostiene.
En ese escenario, si el máximo
tribunal electoral solo acepta debatir las impugnaciones interpuestas a tiempo,
que son 165, igual tendrían una carga procesal alta, lo que implicaría, añadió
Elguera, que este dilema se alargue hasta la primera semana de julio.
Fuente: RPP.PE
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