El domingo 15 de noviembre, al día siguiente del asesinato de los manifestantes Inti Sotelo y Bryan Pintado, se produjo una reunión de emergencia del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno con la presencia de Manuel Merino como jefe de Estado de facto.
Ante la gravedad de la violenta
represión policial que dejó un saldo de dos fallecidos y alrededor de 200
heridos, las exministras de Justicia, Delia Muñoz Muñoz, y de Comercio Exterior
y Turismo, María Seminario Marón, exigieron a Merino que se dejara constancia
en el acta que el Consejo de Ministros no había sido consultado sobre las acciones
policiales contra los opositores al régimen de Merino que el sábado 14 de
noviembre derivaron en el fallecimiento por armas de fuego de los jóvenes
Sotelo y Pintado, además de haber causado grave daño físico al menos a una
docena de estudiantes.
La desclasificación de la reserva de
las actas de los consejos de ministros del breve régimen de Manuel Merino,
entre ellos el que se efectuó el domingo 15 de noviembre, es una evidencia
documental que confirma la hipótesis del Ministerio Público de que la orden de
incrementar el personal y la capacidad de fuego de los efectivos policiales en
el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, en la noche del 14 de
noviembre, pudo haber emanado del despacho del expresidente Merino.
Según el contenido del acta respectiva
–desclasificada por la Presidencia del Consejo de Ministros–, Merino no
preguntó, consultó o informó sobre la disposición de reprimir sin pausa a los
manifestantes que exigían la renuncia de todo el gobierno, que entró en
funciones como resultado de un cuestionable proceso de vacancia de Martín
Vizcarra.
Precisamente, al día siguiente del
consejo de ministros del domingo 15 de noviembre, la fiscal de la Nación,
Zoraida Ávalos, anunció el inicio de una investigación preliminar contra Manuel
Merino por los presuntos delitos de abuso de autoridad y homicidio doloso en
agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado. La mencionada acta del consejo de
ministros del domingo es un claro indicio de que Merino, probablemente en
coordinación con el ex primer ministro Ántero Flores-Aráoz y el exministro del
Interior, el general PNP en retiro Gastón Rodríguez Limo, dispuso la violenta
actuación de la policía contra los manifestantes. Los jefes policiales no
pudieron haber actuado por su cuenta y criterio. Por este motivo, justamente,
la fiscal de la Nación incluyó a Flores-Aráoz y a Rodríguez en la investigación
preliminar.
Con
todas sus letras
El revelador documento dice
textualmente:
En la ciudad de Lima, a los quince
días del mes de noviembre del año dos mil veinte, se reunió el Consejo de
Ministros en sesión extraordinaria, bajo la presidencia del señor Manuel Arturo
Merino de Lama, con la participación del señor Ántero Flores-Aráoz Esparza,
presidente del Consejo de Ministros, y de los(as) señores(as) Ministros(as)
(...).
Con relación a los últimos
acontecimientos, la señora Delia Muñoz Muñoz, ministra de Justicia y Derechos
Humanos, y la señora María Seminario Marón, ministra de Comercio Exterior y
Turismo, solicitaron que conste en el Acta que este Consejo de Ministros nunca
supo de los alcances sobre la forma de la estrategia de las fuerzas del orden,
para hacer frente a las marchas de ciudadanos que se han venido desarrollando
en los días previos a la sesión.
Efectivamente, durante el breve
régimen de Merino, que duró entre el 12 y 15 de noviembre, solo se registraron
tres sesiones de Consejo de Ministros: el 12, 14 y 15 de noviembre, según las
actas desclasificadas por la Presidencia del Consejo de Ministros. En las
sesiones del 12 y del 14, ni Manuel Merino, Flores-Ar{aoz ni Gastón Rodríguez,
informaron sobre los operativos policiales para enfrentar las crecientes
protestas contra el gobierno.
Cuando en la sesión del 15 de
noviembre, las exministras Delia Muñoz y María Seminario reclamaron para que se
deje constancia de que jamás fueron informados sobre las acciones policiales,
decían la verdad. Ese era un asunto que había resuelto Merino al parecer con
Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez. Este diario buscó a Manuel Merino para que
ofreciera una explicación de por qué no informó al Consejo de Ministros sobre
las acciones de represión a las manifestaciones antigubernamentales, pero no
obtuvo respuesta.
La exministra Delia Muñoz relató a La
República las circunstancias en la que deslindó sobre los hechos del 14 de
noviembre: “El domingo 15 a las 8 de la mañana nos reunimos en Consejo de
Ministros y los mandos policiales quisieron entrar para explicar lo que había
ocurrido y yo como ministra de Justicia me opuse, porque el Consejo de
Ministros es una instancia de discusión y debate político. La Policía y las
Fuerzas Armadas tienen su propios mandos, diferentes a los políticos, por lo
que no permitimos que ingresaran los mandos policiales. No era el espacio. Ante
eso, entonces pedí que quedara constancia de que nosotros no habíamos conocido
nunca los protocolos de intervención, ni tampoco habían sido expuestos o
presentados ante el Consejo de Ministros. Esa fue la propuesta mía y también la
acogió la ministra de Comercio Exterior y Turismo, que era en ese entonces Mara
(María) Seminario, y así consta en el Acta de Ministros de ese día’'.
Otra fuente que también estuvo
presente en la sesión de Consejo de Ministros –y que habló con la condición de
no ser identificada– coincidió con lo expresado por Delia Muñoz. Merino
pretendió que altos policiales informaran sobre lo sucedido el día anterior.
“Efectivamente, la exministra de
Justicia Delia Muñoz solicitó que en el acta de Consejo de Ministros se anotara
lo que era la verdad. Es decir, que ese gabinete no estaba al tanto de las
medidas tomadas (contra los manifestantes) y tampoco permitió que entrara el
comando de la Policía Nacional a informar lo que había pasado (en la noche del
14 de noviembre)”, señaló la fuente.
Los mandos policiales de entonces eran
el exsubcomandante general de la Policía Nacional, teniente general Jorge Lam
Almonte –quien reemplazaba al comandante general que estaba enfermo–, y el
exjefe de la VII Región Policial Lima, general Jorge Cayas Medina. Lam y Cayas
estuvieron en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola con Abancay, la noche
del 14 de noviembre, cuando mataron a Inti Sotelo y Bryan Pintado. No tenían
que dar explicaciones ante el Consejo de Ministros sino ante la fiscalía.
“Si nosotros no estábamos enterados de
los planes policiales (contra los manifestantes), tampoco estábamos enterados
de lo que había pasado (en el Centro de Lima)”, añadió la fuente que fue parte
del gabinete del régimen de Manuel Merino. Lo sucedido podría haber sido un
intento del expresidente de involucrar a los miembros del gabinete, lo que fue
impedido por la jurista Delia Muñoz, porque sabía perfectamente las
consecuencias legales de permitir que el mando policial expusiera sus acciones
en la noche del sábado 14 de noviembre.
“Tenía sustento legal el requerimiento
de Delia Muñoz, por eso Manuel Merino no hizo ninguna objeción. Respondió que
si esa era la realidad, que se consignara en el acta del Consejo de Ministros
del domingo 15 de noviembre”, precisó la fuente consultada.
En el mismo consejo, todos los
ministros presentaron sus cartas de renuncia, pero en ese momento solo fueron
aceptadas las de Delia Muñoz, María Seminario, Gastón Rodríguez, Federico Tong
y Abel Salinas. También se dejó constancia del anuncio de Merino de su renuncia
a la Presidencia de la República, menos de 24 horas después de las protestas
que les costaron la vida a Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Interrogatorio
clave a exmandos PNP
El interrogatorio al exsubcomandante
general de la Policía Nacional, teniente general PNP Jorge Lam Almonte, y al
exjefe de la VII Región Policial Lima, general PNP Jorge Cayas Medina, será
determinante para establecer si recibieron órdenes directas de Manuel Merino, o
por intermedio de Ántero Flores-Aráoz o de Gastón Rodríguez.
Ambos generales son investigados por
estos hechos por la fiscalía. Sin embargo, hasta el momento no han sido citados
para que informen sobre la organización del plan de operaciones para reprimir
las protestas antigubernamentales.
Al
día siguiente de los crímenes
Exministras Delia Muñoz y María
Seminario pidieron que se consignara en acta que el Consejo de Ministros no fue
informado sobre la represión a las protestas.
Fuente: LaRepublica.Pe
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