Estamos en emergencia. El rebrote o segunda ola de la pandemia nos toma justo en el momento en que se inicia la campaña electoral y la aparición de nuevas variantes que producirán mayores contagios.
Simultáneamente, con el incremento del
número de contagios y de fallecidos de la última quincena, se ha observado el
desplazamiento de varios candidatos para realizar eventos presenciales en los
que, más allá de su voluntad y que se desarrollen en ambientes abiertos, no se
garantiza la distancia social, el uso de mascarilla y la permanencia de los
participantes por un tiempo prolongado. El candidato atrae gente –pues de eso
se trata– que quiere darle la mano, abrazarlo y tomarse una foto. Evitarlo
puede llevar a ser denunciado por los simpatizantes de sus competidores. La
presencia de algunos candidatos impulsa a los otros a hacer lo mismo, para no
perder en la carrera de generar adhesiones. Los candidatos saben perfectamente
que caminatas, pequeñas reuniones, visitas a mercados, desayunos o comidas al
paso, ponen en riesgo a ellos mismos, a los electores, a sus equipos de campaña
y a los periodistas que cubren los eventos, pero no están dispuestos a
suspenderlos. Estas pequeñas manifestaciones están pensadas para que sean
cubiertas por los grandes medios y producir insumos para sus redes sociales y
no para las cincuenta o cien personas presentes. Eso es parte de una estrategia
donde se combinan modalidades de campaña, uso de medios y mensajes
diferenciados.
Si todo esto resulta peligroso, ¿qué
se debe hacer? Las invocaciones a la responsabilidad de parte de los candidatos
no han sido suficientes. Las normas restrictivas de parte del Ministerio de
Salud (Minsa) ya señalan la prohibición de la realización de eventos, de manera
general. Pero, en esta campaña, no se cumple. Se requiere una norma específica,
pues estamos delante de una dinámica competitiva en la búsqueda de votos, que
no cesará por autocontrol. Solo queda, en aras de proteger un bien superior, la
vida y la salud públicas, prohibirlos. El Ejecutivo, a través del Minsa y el
Ministerio del Interior, en coordinación con los organismos electorales, debe
dar una norma específica con claras sanciones. No es posible que los candidatos
pongan en riesgo la salud pública y nos hagan llegar al 11 de abril en una
situación de incremento alarmante de la pandemia, provocando un alto riesgo a
los electores, por lo que algunos considerarán legítimo no acudir a votar, con
el daño que esto provocaría al proceso electoral en su conjunto. Los organismos
electorales ya han trabajado protocolos de bioseguridad, sobre todo para el día
de la jornada electoral. De lo que se trata es de complementarlos. A los
candidatos les queda realizar caravanas de autos, propaganda visual estática en
calles y plazas, publicidad en los medios de comunicación, que ahora se ha
incrementado con dinero público, así como el uso intensivo de las redes
sociales. Finalmente, los medios deben poner en evidencia qué candidatos violan
la norma y no cubrir sus eventos. Estamos en emergencia sanitaria, no hay otra
salida.
Artículo escrito por: Fernando Tuesta
Soldevilla
Fuente:
ElComercio.Pe
No hay comentarios:
Publicar un comentario