Las alertas sonaron ayer en el Congreso. Los golpistas han puesto en marcha una “nueva campaña, del gran plan” para desestabilizar el país, vacar al presidente y tomar el poder en busca de lograr sus objetivos políticos y económicos.
La
sentencia en mayoría del Tribunal Constitucional sobre la vacancia presidencial
los ha envalentonado. Si bien la mayoría decidió lavarse las manos, tres de
ellos opinaron por dejar abierta las causas de la vacancia, con lo que todo se
reduce al voto del magistrado Manuel Miranda.
Así,
el 24 de noviembre, el congresista Edgar Arnold Alarcón Tejada presentó dos
denuncias penales contra el vicepresidente del Congreso y hasta hace poco
presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el acciopopulista
Luis Roel Alva, ante el al despacho de la Fiscalía de la Nación.
Denuncia
Las
dos denuncias fueron presentadas el 26 de noviembre ante mesa de partes, con la
firma del abogado Juan Palomino Duarte, por presuntos delitos de omisiones de
deberes funcionales y por supresión, destrucción u ocultamiento de documentos.
Pero
ninguna de las dos denuncias especifica los hechos concretos, que se consideran
ilícitos. De lo que se trata es de denunciar y luego presionar o convencer al
Ministerio Público de investigar y, a partir de ese momento, “ya todo está
probado”.
Según
pudo conocer La República, Alarcón señala haberle hecho una serie de pedidos de
información a Roel Alva, como presidente de la Subcomisión de Acusaciones
Constitucionales, los cuales no fueron atendidos de inmediato.
En
la primera denuncia, refiere que le pidió toda la información recibida
directamente o derivada a dicha subcomisión desde julio del año 2016 hasta la
fecha actual: documentos recibidos, trámites realizados, etc.
En
la segunda denuncia, enumera haber pedido a presidente de la Subcomisión la
relación de los congresistas, profesionales, especialistas, servidores
administrativos, colaboradores, secretarias, oficinistas, personal de limpieza
que laborarían en dicha comisión.
Además,
que se le precise las labores especificas que cumplen cada uno de ellos: quién
los recomendó, en qué oficina trabajaron, horas trabajadas, horas de ingreso,
salida, refrigerios, fechas de descanso, vacaciones, licencias y otros.
Después
de enumerar los pedidos de información que ha realizado, señala que,
transcurridos tres meses, no ha recibido respuesta y anota que de acuerdo con
la Ley de Transparencia, él puede pedir toda la información, sin expresión de
causa, motivo o utilidad. Solo debe pedir y si no se la entregan, cometen
delito.
Por
lo que indican ambas denuncias, al no haber obtenido una respuesta oportuna, se
ha producido un retardo injustificado para responder a su solicitud, lo que él
considera un gravísimo delito que debe ser investigado por la fiscal de la Nación
en persona.
Colaboradores
delivery
En
paralelo, de acuerdo con fuentes judiciales, avanzan otras denuncias y “nuevas
colaboraciones eficaces” contra el líder y candidato presidencial del Partido
Morado, Julio Guzmán, por lavado de activos y otros ilícitos.
Las
fuentes indican que se busca a un empresario del “Club de la Construcción” que
esté dispuesto a revelar aportes no declarados a la campaña del 2016. Una
investigación en su contra por lavado de activos ya está abierta y se avizora
otra por supuestas firmas falsas en la inscripción del partido.
El
conjunto de esta historia, de acuerdo con las fuentes, es desestabilizar a la
Mesa Directiva del Congreso, que incluye al presidente de la República,
Francisco Sagasti.
A
la trama original, que logró la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, se
ha sumado un sector de la Policía, preocupado por el ingreso de administradores
civiles, a las direcciones administrativas, fuente de corrupción y
enriquecimiento ilícito.
La
Policía también tiene gran influencia en el Ministerio Público y es otra
especialista en filtraciones, que algunos medios de comunicación siempre están
dispuestos a recibir.
Este
sector policial estaría detrás del sospechoso operativo que terminó con la
captura de 71 presuntos terroristas de Sendero Luminoso en Lima y la falsa
denuncia de que el renunciante ministro del Interior, Rubén Vargas, es hermano
del cabecilla senderista, Zenón Vargas Cárdenas.
Los
golpistas y este sector de la Policía han hecho causa común preocupados por la
consecuencias penales de la brutal represión contra la marcha ciudadana del 14
de noviembre.
El
objetivo de los golpistas es crear el suficiente caos para suspender las
elecciones de abril del 2021 y alargar la vigencia del actual Congreso.
Los
parlamentarios que lograron la vacancia de Vizcarra aún tienen mayoría. La
suficiente para censurar a la Mesa Directiva y, señalan diversas fuentes, solo
les falta la “bulla mediática”.
La
primera prueba para medir fuerza será el voto de confianza al gabinete de
Violeta Bermúdez. Podemos Perú, de Daniel Urresti y José Luna Gálvez, ya
anunció que no le daría su voto.
El
pretexto es un supuesto maltrato a la familia policial, la resistencia del
gobierno a la devolución de los aportes a la ONP y los próximos proyectos de
inversión pública.
Fuente: LaRepublica.Pe
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