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    sábado, noviembre 14, 2020

    Gobierno de Merino busca evitar que el Tribunal Constitucional se pronuncie


    La lucha anticorrupción está en riesgo. El pedido de la ministra de Justicia de facto, Delia Muñoz, para que el procurador general Daniel Soria renuncie a ese cargo, buscaría el copamiento de las procuradurías, no solo ante la demanda competencial sobre la vacancia presidencial, ante el Tribunal Constitucional.

     

    Fuentes del Ministerio de Justicia y hasta el exprocurador José Ugaz han alertado de esta posibilidad. Desde enero del 2017, con el Decreto Legislativo 1326, si bien sigue bajo el monto presupuestal y administrativo del Ministerio de Justicia, la defensa jurídica del Estado está a cargo de la Procuraduría General del Estado.

     

    Es por esto que, apenas tomó posesión del ministerio, Delia Muñoz llama al procurador Soria para hablar de cambiar la estrategia del Ejecutivo frente a la demanda competencial sobre la vacancia presidencial que presentó el gobierno de Martín Vizcarra contra el Congreso.

     

    Audiencia en el Tribunal Constitucional

    Este es un tema urgente para el régimen. El Tribunal Constitucional ha programado una audiencia este 18 de noviembre, para escuchar a las partes y resolver. El Congreso ha respondido la demanda pidiendo que se declare la sustracción de la materia, pues el pedido de vacancia que motivó la demanda del Ejecutivo no fue aprobado.

     

    El régimen de facto de Manuel Merino y su ministra de Justicia quieren reforzar la posición del Congreso, para que el TC no se pronuncie sobre la legalidad y constitucionalidad de la vacancia por incapacidad moral permanente, por una investigación preliminar de presuntos actos ilícitos.

     

    “El régimen está debilitado con la reacción de la ciudadanía. Si el TC se pronuncia en un sentido restrictivo de las causales de la vacancia presidencial, es decir que el proceso contra Vizcarra no fue legal, el régimen se debilitará aun más, se volverá insostenible”, indica Ugaz.

     

    Anota que, incluso, hay quienes consideran que el Tribunal Constitucional podría emitir una sentencia extensible al proceso que concluyó con la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

     

    Por eso, para asegurar que el TC no se pronuncie, pretenden que a la audiencia del 18 de noviembre no concurra el procurador especializado en materia constitucional Luis Huerta, sino otro abogado afín al gobierno. Para lo que se habría mencionado a la exprocuradora Katherine Ampuero.

     

    Daniel Soria se negó a inmiscuirse en el trabajo de Huerta y entonces le pidieron su renuncia, a lo que también se negó. El Decreto Legislativo 1326 le da autonomía y permanencia en el cargo hasta por cinco años, salvo falta grave y luego de un proceso administrativo disciplinario.

     

    Anticorrupción

    Sin embargo, de acuerdo con diversas fuentes entre procuradores y el Ministerio de Justicia, el objetivo del régimen de facto va más allá de la demanda competencia, buscan el control total de todas las procuradurías.

     

    Esto también explica, dice Ugaz, por qué lo primero que hace Delia Muñoz es llamar a su despacho al procurador general y mencionar a la exprocuradora.

     

    Katherine Ampuero ha negado que vaya a aceptar el cargo de procuradora general de la República porque se afectaría su autonomía.

     

    Sin embargo, para Ugaz, el solo hecho de haberse mencionado su nombre indica las intenciones. Es conocido que Ampuero es critica de los acuerdos de colaboración eficaz de Odebrecht y, en general, de cualquier acuerdo.

     

    Por eso, se señala que el gran objetivo del régimen son las procuradurías, principalmente las especializadas, como las que ven el caso Lava Jato, la de Lavado de Activos y las especializadas en casos de corrupción, que tienen a su cargo las investigaciones de los “Cuellos Blancos del Puerto” y los “Gangsters de la Política”, entre otros.

     

    Casos en los que los congresistas que complotaron y votaron por la vacancia del presidente Martín Vizcarra y tomado el gobierno tienen interés.

     

    El Decreto Legislativo 1326 le da a la Procuraduría General del Estado la posibilidad de cambiar y nombrar a los procuradores y supervisar su trabajo, es decir tener acceso a información sensible.

     

    En una entrevista en ‘Canal N’, Delia Muñoz habló de evaluar el trabajo de la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión. La ministra de Justicia no puede hacer eso. La evaluación solo la puede hacer la Procuraduría General del Estado.

     

    Un segundo aspecto es que un cambio de estrategia de las procuradurías frente a los acuerdos de colaboración eficaz, no solo en el caso Lava Jato, va a afectar las investigaciones del Ministerio Público.

     

    Si los procuradores empiezan a rechazar las colaboraciones, los fiscales van a tener problemas para avanzar. No podrían impedir los acuerdos, pero sí complicarían todo.

     

    El otro aspecto es el acceso a la información sensible que tienen los procuradores, que ahora podría estar al alcance de la mano del régimen de facto y de los congresistas que lo sostienen.

     

    Fuente: LaRepublica.Pe

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