Por: César Romero y Wilder Pari
De no haber sido electo parlamentario por Arequipa,
lo más probable es que en este momento el congresista Edgar Alarcón se
encontraría en una cárcel pública y no promoviendo la vacancia del presidente
Martín Vizcarra.
El Ministerio Público le atribuye graves delitos de
colusión, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito durante su paso como
servidor de la Contraloría General de la República y contralor general.
Múltiples
delitos
Los cargos en su contra, según ha podido conocer La
República, suman seis expedientes distintos. Es probable que la cifra sea
mayor. En dos de esos procesos, la fiscal Zoila Sueno ha formulado acusación
penal ante el Poder Judicial por delitos de peculado doloso y colusión
agravada, por lo que está pendiente el inicio del juicio público.
Los hechos están referidos a presuntos actos de
corrupción que habría cometido en los años en que laboró como gerente central
de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor de la
Contraloría General de la República.
En otros tres casos, la fiscal de la Nación,
Zoraida Ávalos, presentó denuncia constitucional ante el Congreso, por delitos
de peculado doloso, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito. Actos ilícitos
que habría cometido, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017,
cuando se desempeñó como contralor general de la República.
Se le atribuye peculado doloso por la presunta
apropiación de caudales públicos por 81.121,73 soles, a favor de terceras
personas, quienes simularon ser proveedores de la Contraloría, entregando
recibos de honorarios por servicios ficticios o simulados.
La denuncia por tráfico de influencias está
referida a un pedido y pago de 30 mil soles por parte del exalcalde de Chiclayo
David Cornejo Chinguel para reunirse con Alarcón, en la Contraloría, para
levantar el embargo de las cuentas municipales.
Mientras que se le atribuye enriquecimiento ilícito
al detectarse que entre junio del 2016 y julio del 2017 realizó gastos que
exceden sus ingresos hasta por 201.337,24 soles y registra depósitos bancarios
no justificados por otros 275.644,90 soles.
La Fiscalía de la Nación requiere que el pleno del
Congreso le levante la inmunidad parlamentaria para presentar la respectiva
acusación penal ante el Poder Judicial y llevarlo a juicio. Parte de los hechos
consignados en las denuncias son los mismos por los que fue destituido como
contralor por el Congreso.
Si el Congreso no accede al pedido de la doctora
Ávalos, se deberá esperar que concluya su mandato parlamentario y, un mes
después, proceder a procesarlo penalmente.
Un sexto caso penal por enriquecimiento ilícito se
encuentra en el despacho del fiscal Reynaldo Abia, por sospechas de incremento
patrimonial indebido de hasta 2.871.186,01 de soles, antes de ser contralor.
Hasta 17
años de cárcel
La primera acusación penal presentada por la fiscal
Zoila Sueno, en marzo del 2019, está referida a tres hechos ilícitos que habría
cometido como gerente de la Contraloría, al interior de la institución, y
aprovechándose de su cargo, en la municipalidad de La Molina.
La Fiscalía señala que la máxima pena que puede
recibir por los tres delitos que se le atribuyen es de 17 años de pena
privativa de la libertad, por lo que se solicita que se le imponga esta pena:
Son 4 años por un hecho 1 de peculado doloso, 4 años más por un segundo
peculado doloso y 9 años por un acto de colusión.
Además, debe imponérsele 12 años y 8 meses de
inhabilitación, esto es, prohibición para obtener cargo público, ya sea por
contrato o por elección. Es decir que, si es condenado, Alarcón ya no volverá a
ser elegido congresista.
En el primer acto de peculado doloso, la fiscal
Sueno argumenta que en el 2010, en su calidad de gerente general de la
Contraloría, Alarcón autorizó que se celebraran Convenios de Término de
Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso, con trabajadores de la institución,
violando las normas del manejo del presupuesto público.
A los trabajadores que se acogían al convenio se
les pagaba como si se tratara de un despido intempestivo y varios de ellos, un
día después o antes de cobrar, ya estaban trabajando para otras entidades del
Estado.
Esta modalidad de convenio siguió vigente hasta el
2016 con conocimiento de Alarcón, quien, a pesar de que ya no era el gerente y
no autorizaba los pagos, sí los promovía. En teoría, los convenios habrían
tenido el objetivo de reducir la carga laboral de la Contraloría, pero en
realidad justificaron la sustracción indebida de fondos del Estado.
Además, que estos hechos se realizaron en la
Contraloría, institución que justamente tiene por función el control del manejo
de los fondos públicos. Entre los beneficiarios de este convenio, estuvo
Marcela Mejía Franco, madre de tres hijos de Alarcón.
Beneficios
personales
En el segundo delito de peculado, se atribuye a
Alarcón que en el año 2010 se aprobó una liquidación de tiempo de servicios,
incluyendo vacaciones truncas por 12 años, como gerente general encargado, por
426.359,87 soles. Luego, al día siguiente se volvió a contratar en el mismo
puesto de gerente general. El 2017, cuando fue destituido como contralor,
Alarcón se volvió a liquidar con un pago de S/ 40.863,01.
El delito de colusión está referido a la madre de
sus hijos. Luego de ser liquidada en la Contraloría, donde se desempeñó como
técnica administrativa, Mejía fue contratada en la municipalidad de La Molina,
como auditora del Órgano de Control Institucional, sin cumplir los requisitos
profesionales para el cargo. La fiscalía establece que fue contratada por su
relación familiar con Alarcón.
Para Mejía Franco y para el alcalde de La Molina,
Juan Carlos Zurek, la Fiscalía pide 9 años de prisión.
En febrero, la fiscal Sueno presentó una segunda
acusación contra Alarcón, en la que pide otros seis años de prisión por
peculado, por el uso de la caja chica de la Contraloría para cubrir sus gastos
personales: yogurt, panetón, reb bull, galletas, jabón liquido, prestobarba,
dentríficos, aceite, papas, cebolla, nuggets, pollo. Es decir, hacia el mercado
con el dinero de la caja chica de la Contraloria.
Un título de
contador cuestionado por la UNSA
Edgar Alarcón es arequipeño. En el último proceso
electoral fue el congresista más votado en Arequipa. Postuló por Unión por el
Perú (UPP) en alianza con el etnocacerismo.
Antes de llegar al Congreso tuvo un paso fugaz como
asesor del gobernador Elmer Cáceres. Nunca se entendieron y Alarcón no duró un
mes en el cargo.
El 2008, Alarcón compró por subasta dos terrenos en
Camaná, cuando era gerente general de la Contraloría y tenía impedimento para
participar en remates. En diciembre del 2016 vendió los terrenos.
El 2017 se cuestionó la legalidad de su título de
contador. Se graduó en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en el
2000, mediante un informe y acreditación de tres años de experiencia
profesional. Pero solo demostró dos años y 3 meses. El Consejo Universitario de
la UNSA determinó que el título profesional que obtuvo fue fraudulento.
Denuncias
constitucionales
Las denuncias que la fiscal de la Nación presentó
contra Edgar Alarcón ante el Congreso se sustentan en abundante prueba
documental.
Fuente:
LaRepublica.Pe
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