El Congreso lo hizo otra vez. Con el
falso pretexto de otorgar potestad sancionadora a la Contraloría General de la
República (CGR), los miembros del Parlamento aprobaron el lunes último una ley
que fortalece sus privilegios en cuanto a la presentación de la declaración
jurada de intereses (DJI). Por si fuera poco, el texto sancionado sería
inconstitucional.
El punto de partida de esta norma tiene
que ver con un proyecto de ley del congresista Guillermo Aliaga (Somos Perú),
quien planteaba otorgar potestad sancionadora a la CGR, ante eventuales
irregularidades en la presentación de las DJI.
El 19 de agosto, la Comisión de
Fiscalización, que preside Edgard Alarcón, aprobó un dictamen de este proyecto.
Pero el lunes 24, a la 2:58 p.m., Alarcón ingresó por mesa de partes un texto
sustitutorio con trampas.
Y es que el primer dictamen fijaba una
lista sobre los funcionarios obligados a presentar las DJI, pero Alarcón hizo
una modificación excluyendo al personal del Congreso. Esto será regulado solo
por su reglamento.
Fuentes del Ministerio de Justicia
advierten que este trato privilegiado afectaría la transparencia, en tanto, se
trata de una política de Estado que debe funcionar en forma transversal.
Incluso el texto aprobado por el
Congreso incluye una novena disposición complementaria que enfatiza que la DJI
“de los congresistas de la República y del personal del Congreso se sujeta
exclusivamente a la normativa prevista en el reglamento”.
Inconstitucional
Un segundo aspecto de gravedad de esta
norma tiene que ver con las faltas. Supuestamente esta ley fue aprobada para
otorgar facultad de sanción a la Contraloría General de la República (CGR),
frente a irregularidades detectadas en las DJI.
Sin embargo, en ningún extremo de la
norma se desarrolla esa potestad sancionadora. Esto fue advertido el mismo
lunes por el contralor Nelson Shack, quien envió un oficio al Congreso. Pero su
opinión no fue tomada en cuenta.
El proyecto de ley original de Guillermo
Aliaga también tenía un artículo con una lista precisando las faltas, pero este
extremo fue mutilado del texto final que aprobó el Congreso.
La norma final solo señala que la
tipificación de las faltas será regulada mediante reglamentos. Nelson Shack
también alertó al Parlamento sobre esta deficiencia. El titular de la CGR
subraya que no se puede dejar para un reglamento la regulación de las faltas,
porque eso sería inconstitucional.
Fuentes consultadas del Ministerio de
Justicia comparten dicha opinión. Un precedente tiene que ver con la sentencia
del Tribunal Constitucional en el caso 00197-2010-AA, en el cual enfatizan que
las faltas deben ser aprobadas siempre mediante una norma con rango de ley.
Votación
apresurada
La cuestionada norma sobre las
declaraciones juradas de intereses (DJI) fue aprobada por la totalidad de
bancadas, con 122 votos a favor.
Solamente votaron en abstención un
sector del Partido Morado: Francisco Sagasti, Daniel Olivares y Alberto de
Belaunde. Junto con ellos, luego, Gino Costa votó contra la exoneración de
segunda votación de esta norma.
Fuente: LaRepublica.Pe
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