Este martes se cumplen 100 días desde que comenzó el Estado de Emergencia declarado por
el presidente Martín Vizcarra debido a
la propagación del nuevo coronavirus en el país. Lo que en un momento se había
dispuesto como una medida de dos semanas de duración fue manteniéndose en el
tiempo y adquiriendo mayores restricciones.
Hoy, sectores de la economía se están reactivando
progresivamente y un fin a la cuarentena está previsto para el 1 de julio. ¿Qué
hemos aprendido de nuestra propia sociedad en todo este tiempo y qué desafíos
se presentan para el Estado luego de esta larga paralización? En este informe
desarrollamos un análisis de lo más resaltante que nos deja la pandemia.
El
crecimiento que se venía logrando antes de la COVID-19 siempre fue desigual
Aunque el Perú se ha convertido en uno de los
países de Latinoamérica con más muertes por coronavirus y está entre los diez
primeros a nivel mundial en casos confirmados, la salud parece ocupar un
segundo plano porque la necesidad económica pesa más en la balanza de riesgos.
Así nos lo explica Hugo Ñopo Aguilar, investigador
principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). “Al cabo de cien
días, ya nuestros miedos han tenido que moverse. Si originalmente teníamos
miedo al virus, ahora tenemos miedo a no lograr nuestra subsistencia, a que nos
quedemos sin ingresos. El miedo, que antes era contra nuestra salud, se ha
desplazado al plano económico”, señala.
Solamente en Lima Metropolitana, la paralización de
actividades no esenciales que se decretó al inicio del Estado de Emergencia ha
dejado en el desempleo a más de 2.3 millones de personas. De acuerdo con el
Banco Mundial, al Perú le espera un duro panorama en recesión por el resto del
año, lo que agudiza la pobreza y la desigualdad social. Si bien algunos sectores
se mantuvieron a flote como la agricultura y el comercio de insumos
alimentarios, otros como el turismo y el transporte aéreo quedaron en paro como
negocio y como fuente de trabajo.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) actualizados al 2018, el 68.5% del empleo
total en el país es informal. Tomando esto en cuenta, el peor golpe se lo
llevaron miles de personas que se dedican, por ejemplo, al comercio ambulatorio
o a actividades sin contrato.
Además, las ayudas del Estado con los bonos
universales no cubrieron a cada hogar. Las políticas pensadas para contener la
pandemia tuvieron multiplicidad de impactos diferenciados por sector
socioeconómico. En otras palabras: no todos los peruanos sufrimos la baja
económica de igual manera.
Para Ñopo, estos meses han servido para visibilizar
la deuda social que se ha ido arrastrando con cada gobierno. “Es como la imagen
de un sótano al que nunca entrábamos y en el que, de pronto, hemos encendido la
luz. Al hacerlo, nos hemos dado cuenta de cuántas cosas no estaban funcionando
correctamente en el país. Eso nos lleva a reflexionar sobre el fondo de todo
este orgullo sobre nuestro -entre comillas- crecimiento. Nos hemos dado cuenta
de que mucho de ese crecimiento era precario e incompleto”.
El académico también indica que el Estado, en el
intento por contener los impactos, evidenció sus propias falencias a nivel de
gestión. Explica que, en el caso del reparto de subsidios, no se tenía un
estudio preciso sobre la población que los necesitara. “La circunstancia de la
pandemia nos ha enseñado que la cúpula del Estado (representada por sus
ministros) puede anunciar o tener magníficos diseños, pero que quienes están a
cargo de implementar todo son personas en segunda, tercera o cuarta línea. Y
ahí es donde están las falencias y las debilidades. No tenemos un Estado lo
suficientemente sólido ahí abajo, de cara al ciudadano. En estos años en que
hemos -en teoría- crecido y mejorado, ha habido cambios sociales muy
importantes, y eso va de la mano con la formación de nuevos hogares
monoparentales, con jefaturas femeninas en su mayoría. Esto es dinámico, y al no estar en los
registros ni dentro de las políticas básicas de un Estado, la falta de este estudio
nos ha pasado factura”.
La brecha en
la educación se acentuó con la pandemia
En este Estado de Emergencia, el sector educativo
tuvo que rediseñarse a contrarreloj y se prevé que las clases virtuales se
mantengan todo el resto del año. Si bien el Estado desarrolló el programa
multicanal “Aprendo en Casa” y las escuelas adaptaron su currícula al sistema
digital, el gran reto será garantizar la calidad y el rendimiento del año
académico.
Manuel Iguiñiz Echeverría, ex viceministro de
Gestión Institucional y actual profesor de Educación en la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya, indica que la desigualdad social ha impactado en este intento
del Estado por llevar la educación digital o por medios de difusión a todo el
país. Sostiene que la modalidad presencial es irremplazable y que el Estado
deberá esforzarse en cerrar brechas de acceso para universalizar las nuevas
dinámicas.
“Por supuesto que la pandemia y el enclaustramiento
y la suspensión de la educación presencial agudizan esas desigualdades porque
sabemos que, en el marco actual, no todos acceden igual o en iguales
condiciones. Algunos, ni acceden realmente. Y también el acumulado cultural
educativo, los aprendizajes, los conocimientos, las capacidades y las
competencias permiten a unos aprovechar más que otros la oportunidad digital,
dijo Iguiñiz para este texto.
El académico también precisa que, si bien el tiempo
apremia y las políticas educativas no funcionan de manera equilibrada en todos
los sectores socioeconómicos, el amortiguamiento ha sido el oportuno y
esperable. También descarta adelantarnos a dar por perdido el año escolar.
“Sabíamos de las desigualdades en la educación. Hemos perdido oportunidades,
pero eso no quiere decir que no se pueda aprender o no se pueda educar. Hay que
reconocer que la educación a distancia es la única alternativa ante esta
interrupción del servicio escolar”.
La semana pasada, el Ministerio de Educación
informó que unos 12 mil colegios estatales en zonas rurales podrían reabrir
para acoger a sus estudiantes de manera dosificada. Esto, en atención a los
mínimos niveles de contagio que registran sus distritos y a las limitaciones de
acceso a medios de comunicación o internet. La disposición se basa en la
Resolución Ministerial N° 229-2020-MINEDU y se prevé este reinicio para el 1 de
julio.
La Justicia
no se ha reactivado con la misma celeridad
El 27 de abril pasado, el Gobierno promulgó el
Decreto Legislativo Nº 1470, que establece medidas para la atención y
protección de víctimas de violencia familiar y de género. Una de las
disposiciones le permite al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a
enviar mensajes de texto con guías básicas para el tratamiento y la denuncia de
un caso de violencia dentro del hogar.
En el caso de los penales, el 14 de abril se emitió
el Decreto Legislativo Nº 1459, con el que se simplificó la norma que ya
permitía la conversión automática de la pena o la salida inmediata de prisión
para deudores alimentarios que hayan pagado el íntegro de sus deudas y
reparaciones civiles.
Para la abogada especialista en sistema judicial,
Beatriz Ramírez Huaroto, estas dos medidas han sido útiles para el manejo tanto
a nivel de denuncia por violencia de género como a nivel de prevención de
contagios en penales hacinados. Sin embargo, resalta que el sistema de justicia
requiere una reactivación, pues el servicio a nivel procesal en las distintas
materias está prácticamente detenido. También señala que casos de violencia
sexual están acumulándose sin que se garantice protección a la víctima.
“En general, los perpetradores en casos de
violencia sexual se están quedando en libertad, sin prisión preventiva, y las
víctimas sin atención. Entonces, ahí tenemos un problema. Hace falta pronto una
reactivación de la justicia. Se está poniendo en camino un plan, pero creo que
hay que cerrar listas. Si ya antes, la normalidad previa era insuficiente, lo
que vamos a tener ahora, no va a dar para la carga procesal”, dijo Ramírez para
este texto.
La especialista enfatiza en que el tiempo de
paralización en los juzgados no ha sido aprovechado del todo para descargarlos
de procesos acumulados o, al menos, reducirlos. También considera que el papel
del Ministerio de la Mujer pudo haber sido mejor en la respuesta a la violencia
de género con alternativas del servicio de los Centros de Emergencia Mujer.
"Creo que se pudo haber usado la virtualidad y el casi nulo ingreso de
casos nuevos para tratar de bajar la carga procesal. Creo que el MIMP ha hecho
bien en ampliar sus servicios, pero el que los Centros de Emergencia Mujer no
estén atendiendo y que se hayan convertido en equipos itinerantes de respuesta,
ha dejado en la orfandad los casos. Creo que ha faltado un poco más de
dinamismo".
Fuente: RPP.PE
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