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    miércoles, junio 03, 2020

    Acción Popular lanza propuesta xenófoba contra los venezolanos


    Artículo de Sigfredo Florian/ Área de Defensa Legal
    Acción Popular acaba de presentar un proyecto de ley que pretende no solo la expulsión del país de cientos de miles de ciudadanos venezolanos, al buscar dejar sin efecto los Permisos Temporales de Permanencia (PTP) otorgados por el Estado peruano, sino también criminalizar su situación migratoria. El proyecto de ley 5350/2020 ha sido presentado por el congresista Orlando Arapa Roque.

    El proyecto propone tipificar un nuevo delito denominado de reingreso irregular y se aplica al ciudadano extranjero que tenga la condición migratoria irregular a quien luego de disponerse su retiro y/o expulsión del territorio peruano reingresa al país, se establece 2 supuestos: a) quien por primera vez reingresa de forma irregular al Perú, será condenado con una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de cinco años. b) quien reingresa por segunda vez luego de cumplir la pena impuesta por su primer reingreso irregular, será condenado con una pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de diez años.

    Asumiendo una postura en estricto xenófoba el proyecto busca aprovechar de la peor manera un tema político y socialmente sensible, como es la presencia de venezolanos en nuestro país, y pretende generar un mecanismo de expulsión en plena emergencia por la pandemia del coronavirus. Los migrantes venezolanos superan las 900 mil personas y si bien, algunos han cometido hechos delictivos, eso bajo ninguna circunstancia puede servir de argumento para pretender afectar los derechos fundamentales de cientos de miles de personas.

    El proyecto viola la Constitución
    Si bien, el proyecto de ley hace mención a que está dirigido para extranjeros, esto se aclara en la exposición de motivos donde señala que está dirigido a ciudadanos venezolanos, esto es discriminatorio y viola el principio de igualdad que estipula el art.2 de la Constitución Política que en su numeral 2 señala que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

    Otro elemento que abona a que el proyecto de ley es discriminatorio es que reconoce que Colombia es el país con mayor migración hacia el Perú, pero; no establece ninguna restricción para estos migrantes, sin embargo, respecto a los ciudadanos venezolanos que es el segundo país con mayor migración se propone el proyecto de ley.

    El delito de “ingreso irregular” También busca tipificar un nuevo delito de ingreso irregular exclusivo para ciudadanos venezolanos, otra vez, hay un trato discriminatorio y no se puede crear una ley exprés y con nombre propio, además; si se busca sacar fuera del país a los ciudadanos venezolanos al crearse este nuevo delito haría que ellos permanezcan en el país que tendrían que cumplir su condena para luego ser expulsados. Y los más ilógico del proyecto es que busca dejar sin efecto los PTP, de los casi un millón de ciudadanos venezolanos quienes tendrían la condición migratoria irregular, el proyecto de ley no señala como se retornaría a un millón de personas a su país de origen y quien asumiría ese alto costo que contradictoriamente el proyecto de ley señala que no generaría ningún costo para el Perú.

    La exposición de motivos del proyecto de ley en comento señala que el Pacto Mundial para una Migración Segura no es un tratado porque no ha sido firmado y tampoco ratificado por nuestro país, argumenta que dicha norma no está investida del Pacta Sunt Servanda, principio del derecho internacional que obliga a las partes que lo suscriben, pero, contradictoriamente luego el proyecto sostiene que existe lineamientos de este Pacto que debe seguirse en tema migratorio. Debemos ser claros o rechazamos el pacto o lo aceptamos. El Perú ha mantenido una tendencia de respetar los pactos o convenios internacionales.

    Durante el periodo de inmovilización los migrantes venezolanos no han sido beneficiados con ningún tipo de bono o apoyo de Estado muchos de ellos se han visto en la necesidad de realizar proceso de retorno a su país de origen. Las consecuencias de la pandemia por el COVID 19 van a ser significativas para el país, sobre todo en el ámbito laboral que no solo va afectar a los peruanos sino a los venezolanos con mayor intensidad.

    Los ingresos irregulares se vienen generando debido a las deficiencias del sistema, de las prohibiciones para más ingresos y porque existe una demanda de ciudadanos venezolanos que ha desbordado la atención del Estado, pero ello no puede generar la creación de un tipo penal que solo tiene como objetivo la criminalización de los venezolanos. Lo que se debe es potenciar los controles migratorios y agilizar los procesos administrativos a fin de que extranjeros que ingresen de forma irregular a nuestro país inmediatamente deben ser expulsados.

    Fuente: IDL.ORG.PE

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