El acuerdo del Consejo Directivo señala
que, además de los congresistas, solo los jefes de cada área, departamento u
oficina del Congreso, junto a los asesores parlamentarios, están obligados a
presentar las DJI ante la Contraloría y no en la plataforma única creada por la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para hacer público las declaraciones
de cada funcionario.
El Consejo Directivo está integrado por
los cuatro miembros de la Mesa Directiva -presidente del Congreso y los tres
vicepresidentes- y 25 legisladores más.
“Formularán declaración jurada: El
oficial mayor, director general parlamentario, director general Administración,
el auditor general, el secretario técnico de la Oficialía Mayor, los jefes de
departamento u oficina y los jefes de área. Los asesores contratados por los
congresistas para la presidencia y vicepresidencia, para los grupos
parlamentarios, para los despachos congresales y para las comisiones
parlamentarias”, se lee en el punto cuatro del acuerdo.
Si bien esta directiva apunta a las
jefaturas, olvida la estructura interna de cada departamento, área u oficina.
“Exponen a las cabezas, pero se olvidan de los que están debajo. Sobre todo en
las contrataciones, existe todo un equipo de personas con posición de
influencia que no pueden quedarse en la sombra. Se necesita que las DJI
profundicen más que solo el primer nivel”, señaló a este diario una fuente con
conocimiento de la organización parlamentaria.
El DU N°020-2019 indica que quien ocupe
o desarrolle uno de los cargos o funciones enumerados en 26 ítems están
obligados de presentar la DJI. Entre ellos, señalan al conjunto de personas que
participan en todo el proceso de contratación de una entidad pública.
“(Funcionarios) que en el ejercicio de
su cargo, sean responsables de la elaboración, aprobación o modificación de los
requerimientos de contratación, expedientes de contratación y de los documentos
del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, concurso
público, contratación directa, adjudicación simplificada conforme a la Ley de
Contrataciones del Estado”, expresa la norma en el literal t.
"Los profesionales y técnicos del
Órgano Encargado de Contrataciones que interviene en alguna de las fases de la
contratación”, agrega en el siguiente ítem.
En el caso del Parlamento, en estos
procesos participan el Departamento de Logística, el Área de Abastecimiento y
el Departamento de Recursos Humanos, que cuentan con nueve, ocho y 25
trabajadores, respectivamente, según la lista de empleados del Congreso de
marzo de 2020.
El legislador Rennán Espinoza, vocero de
Somos Perú, confirmó a Perú21 que el acuerdo del Consejo Directivo es que solo
los trabajadores del Congreso mencionados estén obligados a presentar las DJI.
“El Consejo Directivo creyó conveniente solo incluir a los que tienen poder de
decisión y a los asesores”, indicó.
Sin embargo, al ser consultado por el
grupo de personas que intervienen en los procesos de contratación y que están
siendo excluidos de exponer sus intereses, Espinoza dijo que se puede analizar
una alternativa para incluirlos.
El secretario general de Transparencia,
Iván Lanegra, señaló a Perú21 que el acuerdo administrativo tomado por el
Consejo Directivo del Congreso no puede estar por encima de una norma vigente
como es el DU N°020-2019. “Si un funcionario del Parlamento considera que su
cargo o función está dentro de las que están obligadas de presentar DJI, según
el decreto, debería hacerlo. La decisión del Parlamento no puede alejarse de
una ley que no ha sido derogada”, sostuvo.
“Es natural que el Congreso esté
preocupado de atender su propia autonomía pero eso no quiere decir que las
reglas generales no se le apliquen. No puede significar una reducción en los
estándares de transparencia”, dijo Lanegra.
La decisión del Consejo Directivo del
Congreso ocurrió luego de que el pasado 7 de mayo el Pleno del Parlamento
acordara autoexcluirse de los alcances del decreto de urgencia, bajo el
argumento de defenser su autonomía y separación de poderes.
En esa línea, se aprobó una modificación
en su reglamento interno para que la declaración jurada de los congresistas
quede bajo el control del Consejo Directivo, órgano de debía establecer los
parámetros y trabajadores parlamentarios sujetos a la obligación de las DJI.
El Consejo Directivo estableció que los
congresistas presentarán sus DJI en el mismo formato que indica el decreto de
urgencia y tendrán un plazo de 30 días para hacerlo. Luego de ello, el oficial
mayor entregará la documentación a la Contraloría.
Con esta acción, el Parlamento también
estará excluido de los procesos administrativos disciplinarios que cada entidad
pública deberá abrir si uno de sus funcionarios infringen el decreto supremo.
Las infracciones pueden ser leves, graves o muy grandes, en donde está el no
presentar la DJI o constatar información inexacta o falsa, según el reglamento
de la norma publicado hoy.
Fuente: Peru21.Pe
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